Acerca de lo público, lo común y lo ajeno

Hace algunos días atrás un noticiero nocturno mostraba como gran novedad sociológica el efecto que producía entre los transeúntes el que dos muchachas, ataviadas sólo con sus bikinis, se instalaran a tomar sol en un parque de Santiago. Los efectos eran, por cierto, los esperables: mucha mirada como sin querer, algunos mirando al pasar, otros definitivamente quedándose estacionados para observar a las jóvenes que, como debía ser para que el experimento resultara, no se daban por aludidas. Se señaló que tal intervención socio-urbana se había realizado a partir de una situación similar que días antes habían generado espontáneamente unas turistas y que había ocupado el interés de algún diario farandulero.

Sin embargo, más allá de la apreciación que se tenga sobre esta algo repetida experiencia, pareciera ser que lo que se instala siempre en el debate ciudadano y medial es el uso, o derechamente la apropiación, del espacio público. Porque en un país como Chile donde todavía hay que pedir “permiso” a las autoridades políticas de turno para marchar, manifestarse o simplemente reunirse en torno a un tema o actividad, ciertamente muchos terminan sintiéndose entre incómodos, asustados y avergonzados incluso cuando son otros los que hacen uso del espacio público, que casi nunca es completamente público, pues siempre hay alguien que puede poner reglas y establecer límites cuando no prohibiciones.

Es lo que siempre sucede, por ejemplo cuando por alguna razón en alguna comuna no se retira la basura el día establecido: la basura empieza a acumularse en las esquinas, en los sitios eriazos o colapsa los contenedores, porque la gente, los vecinos no dejan de sacar “su” basura el día fijado, aún cuando sepa que el camión no pasará. Ahí es cuando “su” basura pasa a ser “la” basura, es decir una basura que ya no es mía, sino de nadie. Por cierto, esos mismos habitantes son los que luego aparecen en las pantallas clamando por una pronta solución al complejo cuadro sanitario que estas situaciones siempre generan, alegando por la aparición de vectores y por el riesgo para su familias debido a “la” basura amontonada, siempre omitiéndose el como ésta llego al espacio público compartido.

Es también, de alguna manera, lo mismo que sucede cuando lo que se levanta sobre las calles  (el espacio público) ya no son bikinis o basura, sino demandas por educación o salud pública  decente, de mejor calidad y gratuita para la mayoría de los chilenos: inicialmente la opinión de las personas es siempre favorable a tales reivindicaciones, pues se entiende que al decir salud o educación “pública” se está hablando de derechos (no solo servicios o prestaciones) para todos quienes lo necesiten, es decir se trata de derechos comunes. Sin embargo, las prolongaciones de muchas de las formas de movilización desplegadas para hacer llegar el mensaje a una autoridad cada vez más impermeable a tales peticiones ciudadanas, dichos planteamientos comienzan a ser considerados por algunas personas, pero especialmente por los medios de comunicación, como una forma de afectación del espacio público común, que como es de suponer también utilizan a diario aquellos que quieren “estudiar y trabajar tranquilos”.

Es decir, nuevamente lo público transmutado de propio a común, para terminar en ajeno.

Quizás uno a estas alturas ya no debiera sorprenderse de este tipo de mutaciones socio-culturales que se expresan en Chile, toda vez que para eso, entre otras cosas, los que hoy abominan de la violencia y buscan construir entelequias legales para perseguir a esos delincuentes que usan capucha y quieren subvertir el actual estado de cosas sin impregnarse del espíritu de los consensos y de los grandes acuerdos pensando siempre en el bien superior de la patria, promovieron el sangriento golpe de estado que terminó con la vida y el paradero de miles de chilenas y chilenos y refundó institucional y constitucionalmente el país.

Porque no deja de ser curioso, por decirlo en suave, que sigamos siendo seguramente el único país donde el transporte público no es público, sino privado y donde el erario nacional, es decir las platas públicas, es decir de todos nosotros, subsidia más de 60 millones de dólares mensuales para que los operadores del Transantiago y de sus hermanos menores de regiones tengan garantizados sus ingresos. Pero de política pública real en materia de transportes, nada.

Porque volviendo al tema de la educación, ésta sigue llamándose pública sólo porque está administrada en un porcentaje cada vez menor por los municipios que no son privados (aunque algunos lo parezcan), y porque al igual que en el caso del transporte es el sacrosanto estado subsidiario el que inyecta millonarios recursos por la vía de las subvenciones (en todas sus denominaciones) para garantizar no la calidad, ni la equidad, ni la dignidad de la educación que se recibe, sino para que se puedan pagar el sueldo de los profesores y las cuentas de luz y agua en los municipios, y para garantizar los modestos ingresos (en ningún caso se les ocurra usar el ofensivo concepto lucro) que se ven obligados a recibir aquellos emprendedores que son dueños de colegios subvencionados y cuyo fin es  ser desinteresados colaboradores de la función educativa. Pero de política pública real en materia de educación, nada.

Este año, con seguridad, se viene con todo una “ideológica” y “politizada” discusión pública (que algunos quisieran fuera lo más privada posible) sobre el proyecto de ley de pesca que presentó el ejecutivo para reemplazar la ley de límites máximos de captura por armador que lleva las firmas de Lagos y de Rodríguez Grossi. Nuevamente se trata de recursos de todos que están en un espacio patrioteramente declarado como de todos, pero que de nuevo, en los hechos, se trata de recursos de los que usufructúan algunas pocas familias y que, como si fuera poco, ahora quieren (al igual como lo indica el proyecto del gobierno) que sus  pretendidos “derechos” sean perpetuos. Es decir, ahí tenemos de nuevo mucho ruido, pero de política pública en materia pesquera, nada.

Y para qué hablar de la seguridad en las calles o “seguridad pública” porque se trata de una actividad casi expropiada por el ministerio de interior del gobierno que sea, pues es un tema que las encuestas siempre señalan como rentable socialmente, aunque al final se reduzca a la vieja fórmula de endurecer todas las leyes posibles e inventar algunas otras para que los “antisociales” terminen tras las rejas, curiosamente de cárceles privadas (o concesionadas como se les dice eufemísticamente), es decir personas que pierden su libertad por acción de leyes públicas, la seguridad pública, la fuerza pública y el ministerio público, para terminar siendo internos de penales privados. Claramente lo que sucede al interior de estos recintos, las condiciones en que viven estas personas es algo que a la opinión pública, en general, salvo que haya alguna tragedia que implique muchas muertes, no le importa demasiado.

Y valga citar también como ejemplo a la denominada “opinión pública”, que en realidad para el caso chilensis corresponde a lo que opinan y buscan instalar en la sociedad los medios de comunicación en función de sus intereses políticos y económicos más pedestres (o los que representan) y para que lo que se amparan en herramientas igualmente “neutrales” como las cada vez más abundantes encuestas de opinión, que aunque en general nunca entrevistan a más de un millar y medio de personas a nivel nacional, sus resultados terminan extrapolándose siempre a toda nuestra sociedad (aunque ello pueda ser metodológica o estadísticamente posible), haciéndolos aparecer como el verdadero sentir y pensar de los chilenos. Nuevamente lo público deja en este caso de serlo, para ser simplemente opinión particular con complejos totalizantes.

A veces da la sensación de que cuando se habla de “lo público”, del “espacio público” o de “la cosa pública” no se está hablando de espacios que por definición debieran entenderse como de todos, sino más bien como espacios que no son de nadie (o casi nadie, porque como dijimos antes, siempre hay alguna mano legal o moral que busca intervenir, condicionar o sancionar). Claramente todo un síntoma de la sociedad cada más invidualista y privatizada en que vivimos y que como casi siempre ocurre, siempre termina quejándose de los efectos que ella misma genera.

Frente Amplio: Es la hora de hacer

Nos fuimos quedando en silencio, nos fuimos acostumbrando

a aceptar lo que dijeron, nos fuimos perdiendo en el tumulto

se nos fue pegando la avaricia, y con ella también la injusticia

Schwencke y Nilo

 

Y hace poco más de un año muchos lamentaban la derrota del candidato Eduardo Frei a manos del empresario Sebastián Piñera. Y aún cuando al final hubo apoyos transversales buscando evitar la llegada de la derecha al gobierno, terminó por ocurrir lo que ya era previsible hace tiempo.

Y es que aunque ciertamente la mayoría no quería a la derecha en La Moneda, un número no despreciable de chilenos consideraba que la coalición gobernante por dos décadas tampoco reunía demasiados méritos para seguir en el palacio presidencial. El hastío y la decepción, sumado a la falta de propuestas creíbles y de un recambio real de liderazgos terminó por abrir paso a la legitimación de quienes hasta entonces eran sólo los herederos naturales del autoritarismo pinochetista.

Dicho de otra forma, pese a que al final en las palabras se insistió en que no daba lo mismo quien gobernara, la falta de diferenciación, en los hechos terminó por hacer estéril esa estrategia comunicacional.

Tras la instalación del nuevo gobierno, los nuevos opositores esperaban que los partidos concertacionistas hicieran un mea culpa y se abrieran a recuperar parte de lo que había sido su espíritu original. Sin embargo, tras varios de meses gastados en elecciones internas que cambiaron nombres pero no correlaciones internas ni programas, la Concertación siguió siendo más de lo mismo, esta vez fuera del gobierno.

Desde entonces la ciudadanía que se encuentra en la vereda contraria a la autodenominada nueva forma de gobernar ha sentido en carne propia el desamparo político, ante una clase dirigente que mayoritariamente sigue sólo pensando en elecciones, sin ponerle contenido a la política, manteniendo el carácter de federaciones de lotes y fracciones, y lo que es peor manteniendo esa vieja lógica de la política de los acuerdos con la derecha, aportando sin mucho pudor parte importante de sus votos a diversas iniciativas gubernamentales.

El protocolo suscrito entre la oposición concertacionista y la derecha con motivo del proyecto educacional de Lavín ha marcado un hito en esta materia. No porque exista una actitud de rechazo absoluto a la posibilidad de alcanzar acuerdos legislativos, sino porque la gente al menos espera que en temas de fondo, como la educación pública, la oposición, de la forma más unitaria posible levante un muro de contención a los afanes privatizadores que la derecha desde siempre ha tenido en este ámbito.

Sin embargo no ha sido así y han sido pocos los legisladores que votaron en contra de este acuerdo, generando entre otros efectos, la renuncia del diputado Sergio Aguiló al PS.

Para muchos hoy no existe oposición y simplemente la Concertación es a estas alturas una plataforma electoral más que política que se sustenta en los acuerdos y cuoteos de poder entre los grupos internos de cada partido y entre éstos.

Esto se ve reforzado por la ausencia de los otrora partidos populares en las poblaciones, pues siguen sin salir a las calles a retomar el contacto perdido con las bases y con el pueblo, y siguen sin construir plataformas que al menos enuncien esbozos de propuestas o programas alternativos.

Esta situación hace que la lectura de fondo sea compleja: ya no se trata sólo de la derrota a manos de una derecha que no ganaba una elección hace más de 40 años, sino de partidos que, además de no hacer ninguna autocrítica, se resisten a fijar posturas políticas claras, las que por cierto tendrían que empezar con una definición respecto del modelo político-económico vigente, que para muchos sigue siendo el mismo instalado por la dictadura, sólo que con aspectos más humanizados en el tiempo.

Ya se olvidó el álgido debate sobre la necesidad de cambiar la Constitución pinochetista por una democrática, ya no se pide el cambio del sistema electoral, no se ponen los necesarios énfasis en el fortalecimiento de una educación y una salud públicas dignas y decentes, que no sean regidas por el concepto del lucro, asumiendo que el Estado tiene un rol que jugar en ellos, sí o sí, y especialmente asumiendo que dichas actividades son deficitarias por definición y que hay que garantizarles los recursos necesarios sin convertirlas en negocio.

Ante este escenario volvemos a enfrentar la vieja dicotomía entre partidos y movimientos, pues éstos últimos son en la actualidad mucho más activos, participativos y flexibles que los primeros. Las redes en internet, la movilización temática y la horizontalidad movimientista hace que este sea un espacio mucho más cómodo para la ciudadanía.

De ahí que ha surgido espontáneamente la idea de construir un frente amplio que, como su nombre lo indica, no imponga ningún tipo de condición para participar y posibilite la recuperación del diálogo, la construcción de confianzas y de redes ciudadanas, que desarrolle opinión y movilización en torno a temas de verdadero interés popular y sea un espacio que permita relevar y reposicionar el papel que le cabe a los chilenos comunes en la definición de su propio futuro.

Este frente amplio, recién puesto en escena, que parte de principios compartidos de profundización democrática y efectiva justicia social, busca ser ese espacio de debate al que los partidos han renunciado hace rato. Un debate que no debe ser nunca entendido como traba o problema, sino como la legítima exposición de todos los puntos de vista para alcanzar posturas coincidentes que permitan avanzar.

Un frente amplio inclusivo, que hable desde las regiones y desde la diversidad territorial, cultural y étnica de un país que no puede sólo seguir mirando los equilibrios macroeconómicos como medida de desarrollo.

El desafío está lanzado, ahora es tiempo de socializar, escuchar y de ponerse de acuerdo para tener una voz común de aquellos que hoy no son escuchados. Ojalá la inercia, el consumismo, la precariedad laboral y el control social sobre la base de las deudas nos permitan romper el cerco.

Como decía el gran pensador cubano José Martí, la mejor manera de decir es hacer.

Hay tanto por hacer y hay tan pocas respuestas

 

Aunque desde siempre sabemos y repetimos que parte importante del bienestar de varios países, especialmente escandinavos y europeos en general radica en el alto porcentaje de impuestos que pagan empresas y personas, tengo la sensación de que si se propusiera a los chilenos pagar más impuestos para tener una educación verdaderamente pública y de calidad, como en Finlandia, la mayoría no estaría de acuerdo. Si como alternativa apeláramos entonces a una alternativa más estatista como la cubana, tanto para salud como educación, tampoco estarían de acuerdo, aunque reconocer la calidad de los dos ámbitos también es un lugar común entre nosotros.

Hago esta reflexión a partir de las opiniones que he leído en portales de diarios y redes sociales acerca de la privatización de las empresas sanitarias re-anunciada por el Ejecutivo (pues en mayo ya lo había señalado con claridad): muchas de ellas, probablemente la mayoría son críticas y rechazan esta decisión que terminará el proceso de traspaso al capital privado de esas empresas, que comenzara abiertamente Frei y que luego Lagos, en su clásico estilo de señalizar a la izquierda pero siempre terminar virando a la derecha, complementó eliminando el piso de propiedad accionaria estatal fijado en un 35%.

Sin embargo hay otras muchas, de personas que se identifican tanto con el actual gobierno como con esa difusa nueva oposición que tenemos que aunque no manifestando su acuerdo completamente utilizan argumentos que tienden a parcializar sus alcances y efectos, señalando que en realidad la propiedad estatal no es mucha (aunque en algunos caso, como Essbio, es de 44%), que efectivamente los recursos que resulten de su venta servirán tanto para la reconstrucción como para abordar diversos temas sociales, hasta llegar al manido argumento de que en manos privados las empresas serán más eficientes.

Ante campañas como “Salud un derecho” liderada por la doctora Viviente Bachelet que expone con claridad y argumentos como que “actualmente en Chile la salud es considerada como una oportunidad de negocio. El acceso a una atención de salud digna se basa en nuestro nivel de ingresos. En Chile hay una salud para ricos y otra para pobres”, la respuesta ciudadana es deficiente, no porque la campaña sea mala o falte información. Por el contrario a través de Internet y de las redes sociales campañas como ésta cuentan con muchos seguidores y adherentes.

Otro sucede con propuestas como las que levanta Educación2020 encabezada por el ingeniero Mario Waissbluth que a estas alturas, al menos, ya es reconocida y validada por quienes son objeto de sus críticas, aunque por cierto no las consideren. Y aunque también genera mucha opinión y documentación y tiene miles de seguidores en Internet e incluso dispone de un espacio que otros no tienen en los medios tradicionales, sus efectos sociales no son demasiado evidentes.

Así, somos autoflagelantes testigos, a diario, de la privatización y la concentración de la economía y de muchas actividades productivas; de cómo cada vez más el Estado (o lo que queda de él) externaliza casi todo, incluida la fiscalización y la construcción de cárceles y hospitales, sólo por poner algunos ejemplos; de cómo la educación pública o mejor dicho municipalizada pese al reiterado diagnóstico de su fracaso sigue entregando educación deficiente a los miles de niños más pobres de Chile; y por cierto, incluso con amplia difusión en los medios, vemos como la salud pública se cae a pedazos, convirtiendo la carencia y la falta de servicio en la regla, mientras el gobierno idea fórmulas para seguir traspasándola a manos privadas so pretexto de mejorar la atención de las personas.

En general son muchos los temas en que apreciamos esta dicotomía entre diagnóstico compartido versus aceptación social pasiva, pero todo parece continuar una lineal inercia hacia la apatía o la indiferencia. Por cierto que hay excepciones, pero aún no constituyen la mayoría necesaria para construir un discurso colectivo que movilice, aunque sea sectorialmente a quienes sufren las consecuencias del actual estado de cosas o a quienes comparten la necesidad de efectuar estos cambios.

Pero salvo honrosas excepciones que podríamos ejemplificar en la revolución pingüina del 2006 y en la presión social y medial contra la central termoeléctrica de Punta de Choros, hay escasa presencia y capacidad de afectar los procesos en marcha, apabullados por un sistema de medios de comunicación que expresa sólo una visión de las cosas; por una clase política de nivel deficiente y sometida al lobby empresarial que financia campañas; y una ciudadanía desorganizada, intencionadamente despolitizada (y no apolítica) por 37 años; por la Constitución de Pinochet que sigue siendo la guardiana de la propiedad y el orden más que de las personas y sus derechos; y sobre todo por un sistema económico y cultural impuesto a partir del minuto siguiente que el último rocket cayó sobre La Moneda, que tiene a los asalariados viviendo sobre la base de deudas y enajenados con una televisión que entretiene para hacer olvidar los abusos.

Ciertamente el “éxito” de Pinochet no estuvo en el derrocamiento del gobierno constitucional del Presidente Allende, ni en los miles de muertos, desparecidos y exiliados, tampoco en su Constitución a la medida: estuvo en descubrir y activar el gen consumista, materialista y arribista que sistemáticamente bombardeado sobre el pueblo, generó niveles nunca antes vistos de egoísmo, falta de solidaridad y de diferencia social que están en la base de las discriminaciones y delincuencia que hoy vivimos, y que algunos creen paliar yendo a misa una vez por semana o donando algunas lucas para la Teletón.

Y como si todo esto no fuera ya suficiente, además ahora tenemos un gobierno de derecha que -¡maldición!- ni siquiera actúa como gobierno de derecha, sino como uno de continuidad concertacionista, lo que deja al desnudo a la coalición que durante dos décadas gobernó diciendo que era de centro izquierda, cuando en realidad, con suerte, era de centro derecha progresista.

En este contexto, con esta sociedad consumista, emprendedora y aspiracional como algunos la quieren caracterizar a la fuerza, y con el nefasto voto voluntario ad portas, me preocupa el alto apoyo que registra en las encuestas el actual presidente y su gobierno en el segmento que va desde los 18 a los 29 años.

Espero que el 2011 sea un año en que encontremos el inicio de la senda que nos permita recuperar al menos parte de todo lo que hemos retrocedido las últimas tres décadas. De lo contrario, algunos tendremos que hacernos a la idea de tener por largos años gobiernos de “centro-derecha”, quizás más amplios que el actual, debido a la tendencia a los “consensos” que desde hace años, algunos vienen practicando.

Hay tanto por hacer y hay tan pocas respuestas.

 

Cuba: a pesar y para pesar de algunos

Cuando en los medios de comunicación chilenos se habla de Cuba, en un noventa y nueve por ciento de las veces es para decir algo contra Fidel Castro o el sistema de gobierno de la isla. El uno por ciento restante es para decir a regañadientes que existen “algunos avances” en la medicina y en la educación de la mayor de las Antillas. En nuestro país el anticastrismo, derivado en anticubanismo generalizado, es un ejemplo casi perfecto de la cátedra que al respecto dictan las agencias noticiosas norteamericanas.

Poco o nada se dice en Chile acerca de los numerosos reconocimientos que ha obtenido Cuba en materia de innovación pedagógica o del desarrollo científico de primer nivel que tienen. Tampoco se dice mucho, respecto del ejemplo que constituyen los cubanos en el mundo deportivo. Decir, por ejemplo, que son el único país latinoamericano que en las olimpíadas disputa un lugar entre las naciones que más medallas obtienen, dejando detrás a muchos de los países considerados desarrollados.

Por todo esto es que llama la atención que haya sido El Mercurio quien el viernes 27 de octubre, bajo el título “Educación preescolar alcanza al 62% en América Latina”, haya subtitulado: “Cuba lidera la región, con 3,5 años de escolaridad en promedio, mientras que Chile ofrece 1,5 a sus niños menores de seis años”. La nota agregaba que América Latina y el Caribe también sacaron buena nota respecto de las cifras internacionales, porque mientras el promedio mundial es de un año, considerando jardín infantil, prekinder y kinder, en la región el promedio es de 1,7. Añadía que Chile se sitúa un poco más abajo del promedio, pero por encima de países como Costa Rica y Bolivia, pero lejos de Brasil y de otros desarrollados como EE.UU. y Francia.

La conclusión de Ana Luiza Machado, directora de la Oficina Regional de Unesco, fue que «Chile está mejor que muchos países de la región, pero aún falta ampliar la cobertura, con una mayor preocupación por la calidad». Y, además, en su opinión, se debe dar una mayora atención a la incorporación de los sectores más vulnerables, las zonas rurales y las poblaciones de origen indígena”. La representante de la Unesco reconoció que en esta materia Cuba tiene un 100% de cobertura.

Como muestra del nivel de la educación cubana está el Premio de Alfabetización 2006 “Rey Sejong”, otorgado por la Unesco a Cuba, en reconocimiento al trabajo realizado por el Instituto Pedagógico Latinoamericano y del Caribe (IPLAC) de Cuba, en la promoción de un programa de alfabetización, para jóvenes y adultos, denominado “Yo, sí puedo”, que se aplica con éxito actualmente en 15 países. Este reconocimiento de la Unesco fue una decisión de un jurado integrado por expertos de Estados Unidos, Ecuador, Corea del Sur, República Popular China, Senegal y Siria.

Como si todo lo anterior fuera poco, el martes 24, a través de las pantallas de Televisión Nacional, se entregó otra noticia positiva sobre Cuba: el informe bianual elaborado por la organización internacional WWF, titulado “Living Planet”, concluyó que Cuba es el único país del mundo con desarrollo sostenible, en el marco de un alarmante consumo de los recursos del planeta, que se han triplicado entre 1961 y 2003.

Teniendo en cuenta que entre los principales parámetros considerados están el índice de desarrollo humano establecido por el PNUD, y la “huella ecológica” que busca medir la energía y recursos por persona que se consumen en cada país. En ambos casos Cuba tiene niveles suficientes que le permiten ser designado un país que cumple los criterios mínimos para la sensibilidad. «No significa, por supuesto, que Cuba sea un país perfecto, pero sí que es el que cumple las condiciones», señaló Jonathan Loh, uno de los autores del estudio, quien agregó que «Cuba alcanza un buen nivel de desarrollo gracias a su alto nivel de alfabetización y una esperanza de vida bastante alta, mientras que su huella ecológica no es grande al ser un país con bajo consumo de energía».

A muchos todos estos datos pueden parecerles secundarios y poco importantes. Sin embargo, para quienes hemos tenido el privilegio de conocer la lucha, la dignidad y la fraternidad del pueblo cubano, esto es una demostración más de la valía de un país que ha debido soportar por más de 40 años el más brutal bloqueo económico, que busca rendirlo por hambre o enfermedad. Por eso, en agosto pasado, y como ya ha ocurrido otra decena de años anteriores, la Asamblea de la ONU aprobó una nueva resolución (la 60/12) que insiste en la “necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba”.

No es necesario decir que esta resolución, como las anteriores, no será respetada por el gobierno norteamericano, y por el contrario buscará endurecer su posición generando leyes que afectan la extraterritorialidad de otras naciones para mantener su obsesión por terminar con el gobierno de Fidel Castro. Lo que siempre olvidan quienes ven con rabia y molestia los progresos de un pueblo alegre y solidario, es que pese a las pérdidas por 86 mil millones de dólares que le ha significado a Cuba el bloqueo, el mismo que ha afectado, sólo el 2005, a 38 países que mantienen relaciones comerciales normales con la isla, sus hombres y mujeres están siempre dispuestos a seguir defendiendo su derecho a la autodeterminación y, en esa tarea, cuentan con la solidaridad de muchos hombres y mujeres del mundo.