Iglesia Católica, ideología y educación

Cuando habíamos descansado un tiempo de las declaraciones de la Conferencia Episcopal y del Cardenal Errázuriz oponiéndose a cualquier iniciativa del gobierno, el proyecto de ley que propone derogar la todavía vigente Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE), promulgada el último día de la dictadura, y reemplazarla por una nueva Ley General de Educación, hizo reaparecer la voz de la Iglesia Católica, esta vez, para hacer presente sus “reflexiones” sobre educación.

La declaración de Punta de Tralca, subtitulada “La Educación: tarea de todos” parte constatando “la necesidad de avances urgentes y significativos en esta materia”, valorando “todo cuanto ayude a mejorar la calidad de la enseñanza, y a hacer posible el acceso de todos a una educación digna”, sugiriendo que “en todo este proceso se excluyan las visiones ideologizadas y se escuchen a todos los sectores involucrados”.

Más adelante, el texto invita a una reflexión colectiva, especialmente, de “quienes tienen la grave responsabilidad de legislar en esta materia”. Luego, lamenta “la poca atención prestada a nuestra contribución, ofrecida a partir de una vasta experiencia y con la única intención de servir al país”, y destaca, entre sus puntos “irrenunciables”, su opción por una educación centrada en la persona, incluida su dimensión religiosa; que refuerce el derecho “prioritario” de los padres a elegir la educación de sus hijos; y que favorezca la libertad de acceso y de oferta del “servicio educativo”.

A lo menos uno debiera rescatar que el lenguaje utilizado esta vez es bastante menos descalificador, agresivo e ideologizado que el utilizado por el Cardenal Errázuriz y el obispo Ricardo Ezzati, que recibió la nacionalidad por gracia mediante la ley 20.100 el 24 de abril del año pasado, al entregarse el informe final del Consejo Asesor Presidencial, cuando se calificó el trabajo de esa instancia como “pobre” y “primitiva”, y se dijo que el informe tenía un lenguaje “que se asemeja mucho a la filosofía gramsciana” y evidenciaba una “tendencia estatista”.

Incluso Ezzati, que integró el Consejo Asesor, fue más allá señalando que por el uso de una “metodología poco profesional” el documento manifiesta “sólo parcialmente la riqueza de las visiones y aportes ofrecidos”. Para agregar que existía una “notable asimetría y falta de equilibrio conceptual” en la composición del Consejo; que “había una mayoría y una minoría preestablecida” y que habría sido ingenuo no pensar que “las conclusiones reflejarían la composición numérica e ideológica” del Consejo. O como dijo el propio Errázuriz: “Es el documento de unas pocas personas que escucharon a 81”.

Con una locuacidad ilimitada Ezzati insistió en las páginas mercuriales en que “el informe manifiesta la tendencia a privilegiar la educación impartida por el Estado. En este sentido, me parece anacrónico, falto de respeto al pluralismo y discriminatorio. Es de esperar que las autoridades educacionales no caigan en la tentación de uniformarlo todo, teniendo como modelo de educación proyectos estatistas caducos”.

Estas declaraciones omiten varios aspectos. Primero, elude reconocer que para la Iglesia Católica este no es un tema neutral, sino de gran interés, debido a que esta confesión es sostenedora de 665 colegios en todo el país, con más de 264 mil alumnos en educación básica y casi 130 mil en educación media, lo que representa un no despreciable 12% de la matrícula total del país. Tampoco nada se dice respecto a que un 7% de todos los colegios creados después de 1991 son también católicos.

La Conferencia Episcopal calla también sobre los ingresos vía subvenciones y financiamiento compartido que reciben los colegios con sostenedores católicos, donde sólo un 34% de su matrícula es gratuita, otro 22% paga hasta 6 mil pesos por la vía de financiamiento compartido -es decir pagan los padres- al igual que otro 19% que paga hasta 12 mil pesos mensuales por esa vía, el 17% que paga hasta 24 mil pesos y el 8% que cancela entre 24 mil y 48 mil pesos mensuales. De hecho, un 25% de los alumnos de sostenedores católicos paga más de $12.000, la proporción más alta entre los diversos tipos de sostenedores particulares subvencionados.

Un dato decidor del compromiso y preocupación social de estos sostenedores católicos es que sólo un 6% de los estudiantes considerados como vulnerables o en riesgo social está en estos establecimientos, lo que no habla muy bien de la preocupación especial por los más pobres que manifiesta la Conferencia Episcopal.

Por otra parte, ante la reiterada preocupación manifestada sobre la eventual ideologización del debate sobre educación, habría que hacer propias las preguntas que hacía Antonio Cortés Terzi poco tiempo atrás: ¿se podría decir que en los colegios católicos hay plena libertad de enseñanza? ¿Qué no hay ninguna “filosofía” que orienta y ordena matrices educativas? Y que si la Iglesia reconoce para sí el derecho de establecer una “filosofía” educativa, ¿por qué se lo niega al Estado?

El principal error que ha cometido la iglesia y especialmente Ezzati en esta línea ha sido pretender que todas las familias, los alumnos y los colegios son iguales y tienen las mismas posibilidades y capacidades. Eso no es cierto. Por ello es el Estado el que debe intervenir, compensando, igualando equitativamente y dando garantías a los que tienen menos oportunidades y recursos, y no sólo aplicando la ya tradicional fórmula neoliberal del subsidio a la demanda. El principio de subsidiariedad del Estado no debe ser idealizado y elevado al rango de divino.

El Estado no puede renunciar, pese a las arcadas ideológicas de la derecha y de la Iglesia Católica, a aquellas funciones, atribuciones y misiones que le son intrínsecas y esenciales como ente político-histórico dirigente de la sociedad. Y claramente la educación es el tema de fondo, el marco en que se desarrollará la construcción del tipo de sociedad y de ciudadano que tendremos mañana.

Se entiende que la Iglesia Católica, sometida a un fuerte proceso de tensión cultural y valórico debido al carácter cada vez más laico de la sociedad moderna, haga un esfuerzo por conservar su espacio de intervención en la educación, pues es sin duda una de las más poderosas herramientas que tiene a mano para seguir reproduciendo su influencia ideológica en la sociedad. Pero aunque asumir una postura en este debate puede ser legítimo, no lo es el tratar de imponer su visión al resto de la sociedad como la curia católica chilena siempre trata de hacer.

Por eso, y aunque parezca paradojal, las razones para estar completamente de acuerdo en la necesidad de derogar la LOCE y tener un nuevo marco que de verdad asegure el término de la segregación clasista y el afán de lucro de la educación, están en la propia declaración de la Conferencia Episcopal cuando dice: “A pesar de esfuerzos y logros en materia de justicia social, la espera de muchos pobres continúa. Esperan ser escuchados, atendidos en el anhelo de ser protagonistas de su propia historia, incluidos en este mundo global y tecnificado que les margina. De un modo particular, el mundo rural y sectores urbanos empobrecidos, claman desde su postergación. Superar la pobreza y las grandes desigualdades, constituyen desafíos sociales que no pueden dejar de interpelarnos, también a nuestra sociedad y a sus líderes”.

Teología de la majadería

«No es posible que Dios ponga en la cabeza de
una persona el pensamiento y que un obispo, que
no es tanto como Dios, prohíba expresarlo».

Leonardo Boff, citando a José Martí,
al renunciar al sacerdocio, en 1992

Parto pidiéndole disculpas a mis amigos católicos que pueden pensar que ya se me está haciendo un hábito escribir contra su iglesia y sus autoridades. Prometo que busqué en la contingencia otros temas para escribir. Pero no hubo caso, nuevamente mi interés, mi opinión y mi rabia (que es uno de los factores que me incita a escribir) se estrellaron contra el documento “Acoger y promover la vida”, emitido el 10 de enero por la Conferencia Episcopal, en una nueva ofensiva contra el gobierno y la Presidenta Bachelet, pero también contra todos quienes integramos la sociedad y que no compartimos su opinión.

El citado documento, aparecido de manera sorpresiva y con una cercanía muy sospechosa con el pronunciamiento del Tribunal Constitucional -que finalmente sólo dijo que la ministra de Salud no podía dictar la norma que permitía la distribución de la píldora del día después a partir de los 14 años- es recurrente en citas y frases que buscan insistir en que cuando las decisiones democráticas no son del gusto de la jerarquía católica entonces “la democracia, a pesar de sus reglas, va por un camino de totalitarismo fundamental. El Estado deja de ser la casa común donde todos pueden vivir según los principios de igualdad fundamental, y se transforma en Estado tirano”.

Tiene razón Antonio Cortés Terzi cuando dice que este “celo” de la iglesia católica frente a algunos temas se debe a las “enormes presiones, debido a las desconstrucciones cultural-valóricas que acarrea la modernidad y que afectan directamente al catolicismo en todo el mundo”. Esto, en el caso chileno, se expresa a su resistencia a debatir sobre la “nueva cultura” emergente, porque quizás más que en otros puntos del orbe, y tal como sucede con el empresariado, la derecha y una parte importante de las fuerzas armadas, saben internamente que no están preparados para adaptarse a los cambios culturales que, inevitablemente, ocurren y seguirán ocurriendo.

Por eso, andan viendo debajo de las piedras conspiraciones político-ideológicas ideadas e implementadas por enemigos imaginarios. Siguiendo a Cortés Terzi, esta posición de la iglesia católica es absurda, toda vez que “¿Qué es -y ha sido- la iglesia sino una formidable red universal de competencia y creación de hegemonía cultural? ¿No radica en ello la esencia de su ser terrenal?”.

Por eso molesta que nuevamente esgrima la defensa de los derechos humanos de ayer como el salvoconducto para decir cualquier cosa, y sobre la que no se puede discrepar. Ciertamente la iglesia, una parte importante de ella -no toda- estuvo del lado de los perseguidos y las víctimas, pero su continuo y progresivo acercamiento a las posiciones de la UDI y RN, así como el blanqueo que el propio Cardenal Errázuriz hizo en el funeral del dictador que instauró el terrorismo de Estado como política de control, para imponer un sistema económico que es el que está en la base de la desigualdad que esta misma iglesia dice rechazar, han sobregirado su liderazgo ético y moral. Además, vivir ejerciendo esa suerte de chantaje histórico, ya no se ve bien.

Ciertamente la elección de Ratzinger como jefe máximo del catolicismo ha acentuado este viraje a la derecha que, para ser justos, ya traía de la administración Wojtyla. El problema de Ratzinger, como lo ha señalado el teólogo brasileño Leonardo Boff, “es que no tiene ninguna duda, y los que no tienen dudas no están abiertos al diálogo y tienen dificultad de aprender. No basta con tener convicciones muy seguras y la impresión de tener el monopolio de la verdad, porque eso puede conducir a una actitud fundamentalista. La Iglesia debe entenderse con la humanidad, no debe estar separada de ella, ni arriba de ella, ni como maestra de ella, sino como una discípula”.

Ahora bien, quizás sería bueno aprovechar este nuevo impulso de la iglesia católica para intervenir en la política contingente para “defender la vida”, para aprovechar de sugerirle que haga suya una buena causa y que gracias a los temores que les producen sus propios fantasmas, la derecha ha bloqueado sin justificación en el parlamento: la ratificación de la Corte Penal Internacional. Hasta hoy de los 139 que firmaron el Estatuto de Roma, 100 lo han ratificado, y 39 aún no lo han hecho. Demás está decir que de los 17 Estados de la región, 13 han ratificado o adherido a CPI. Chile, El Salvador, Guatemala y Nicaragua son los únicos países que aún no han finalizado su proceso de ratificación.

La CPI es la primera institución judicial internacional permanente con la capacidad de juzgar a los individuos que cometan genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, cuando las cortes nacionales no puedan o no tengan la voluntad de hacerlo. El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, que entró en vigor el 1 de julio de 2002, representa uno de los mecanismos más importantes que tiene el mundo para prevenir o reducir drásticamente las muertes y la devastación que causan los conflictos armados. Ciertamente, si la iglesia hace suya esa causa, seguro que convence a los reacios pro-vida de la necesidad de sancionar a los pecadores que matan gente por deporte, como Pinochet.

Aunque a lo mejor Errázuriz y Ratzinger nos recordarían que aunque El Vaticano participa en la ONU bajo la denominación de Santa Sede, es un Estado no miembro de las Naciones Unidas, aunque si goza del estatus privilegiado de “observador permanente”, lo que incluso le da a menudo el derecho al voto en las conferencias del organismo internacional. Eso mismo es lo que ha generado una campaña a nivel mundial para rechazar que se otorguen privilegios propios de un gobierno a una institución que es de hecho una organización religiosa.

Bueno, ciertamente tendremos para rato con esta política agresiva y ultraconservadora de la iglesia católica chilena y sus aliados. Frente a esta cruzada de los nuevos tiempos sólo la fuerza de la ciudadanía, que más allá de sus concepciones filosóficas y religiosas, entiende que las políticas públicas de salud no se hacen desde los púlpitos porque la iglesia y el Estado hace rato que están separados, puede levantarse como el necesario muro de contención. Como dijo Boff cuando debió dejar el sacerdocio frente al hostigamiento de que fue objeto por parte de la jerarquía católica: «No es posible que Dios ponga en la cabeza de una persona el pensamiento y que un obispo, que no es tanto como Dios, prohíba expresarlo». Y para la mayoría de los chilenos, el derecho a tener la opción de usar la píldora del día después, es algo sobre lo que pueden hablar, pensar y decidir por si mismos.

En estos tiempos de auge de las ideologías -de la corrupción, del engaño y del capricho- lo de la iglesia católica es una teología de la majadería.