Pesca: El consenso de los presidenciables

Los industriales pesqueros respiraron aliviados tras la aprobación de la Ley Longueira, porque lograron evitar las licitaciones de cuotas de pesca y obtuvieron, en propiedad, concesiones a 20 años renovables, heredables y “susceptibles de todo negocio jurídico”. La verdad es que al calor de la actual campaña presidencial, uno podría suponer que, gane quien gane (excepto Matthei), su felicidad no tendrá un horizonte muy extendido en el tiempo.

Y aunque no ha sido en ningún caso “tema de campaña”, la pesca y su futuro ha estado presente en discursos, programas, la franja electoral e incluso en los debates recientes.

Matthei, continuadora del statu quo también en esta materia y en cuyo programa la palabra “pesca” aparece una vez, sólo se ha referido a ella para hablar de la muy anunciada creación del Ministerio de Agricultura, Pesca, Asuntos Forestales y Alimentos, pese a que dicho proyecto todavía no ingresa a trámite legislativo.

MEO por su parte, ha dicho que está por cambiar “las leyes que incrementan la explotación de los recursos naturales” y que la política pesquera nacional ha permitido la sobreexplotación de los recursos durante 25 años, sin un equilibrio entre desarrollo y sustentabilidad, lo que no se ve favorecido por las licencias “renovables” que otorga la nueva ley de pesca.

Israel, no se ha referido al tema, pero en su programa señala que “la ley debe poner límites a la concentración en los mercados”, por lo que considerando el estado oligopólico de la pesca, un eventual gobierno suyo le metería mano a las tristemente célebres 7 familias.

Sfeir, cuyo hijo es gerente de una empresa certificadora de productos del mar, promueve un cambio constitucional para que la propiedad de los recursos naturales sea de todos los chilenos y ha dicho que el país tiene derecho a una discusión sobre la ley de pesca mucho más integrada.

Roxana Miranda ha sostenido que hay que regular la pesca de arrastre y que derogaría la Ley Longueira, señalando que la pesca artesanal tiene que volver a ser privilegiada ya que genera empleo y es una forma de vida de familias donde el ser pescador artesanal se traspasa de una generación a otra.

Parisi ha sido muy expresivo en esta materia señalando ser contrario a la Ley Longueira, sosteniendo que es una ley mal hecha, y que no considera la diversidad territorial y pesquera. Ha propuesto ocho millas para la pesca artesanal y respetar sus caladeros históricos. También está por prohibir la pesca de arrastre. Dice ser contrario a las concesiones a perpetuidad. En materia artesanal propone hacer un distingo entre el armador y el pescador.

Claude se ha declarado partidario de derogar una Ley Longueira “hecha a la medida de los industriales”, para favorecer a los pescadores artesanales, a quienes les otorgaría una mayor cuota. También ha señalado la necesidad de recuperar “la soberanía sobre el recurso pesquero”.

Jocelyn-Holt se ha definido como contrario a la Ley Longueira, porque a su juicio concentra los recursos en pocos actores. Al respecto emplazó a la Concertación a asumir su responsabilidad, pues esa ley se aprobó con votos de la oposición. Sobre los industriales dijo que “se han vuelto rentistas y no asumen riesgos”, y que la Ley de Pesca es la mejor demostración de ello.

Finalmente, Bachelet, que inesperadamente le dedicó una página de su programa al tema, plantea hacer una “evaluación” de la Ley Longueira, incorporar a los pescadores artesanales al sistema previsional, de salud y a la Ley de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales. Propone además crear la “Bolsa de la Pesca Artesanal” y el Instituto de Desarrollo de la Pesca Artesanal. También plantea extender las 5 millas de reserva artesanal hasta Magallanes y la eliminación progresiva de la pesca de arrastre.

En síntesis, si de algo podemos estar seguros es de que hay suficiente, amplio y transversal consenso político en el país para que el próximo gobierno recoja el guante, no asuma la Ley Longueira como un hecho consumado y también para que no se repitan los errores y omisiones del pasado. Las cuotas de pesca no pueden ser ni para mantener la paz social de los pescadores artesanales ni para calmar el lobby insaciable de la industria en esta materia.

Está claro que la próxima administración tendrá que hacerse cargo, sí o sí, de la recuperación de las pesquerías: tendrá que haber más investigación, más vedas y más protección social. Por cierto se necesitarán más recursos, más fiscalización y menos pesca de “investigación” o “imprevistos”.  Por cierto, aunque pueda ser alternativa de pequeña escala, la acuicultura tampoco es la solución en las zonas donde habrá crisis pesquera, menos aun si es sólo la salmonicultura y sus líos sanitarios, laborales y ambientales.

Lo que se necesita, ni más ni menos, es desarrollar política de Estado y no solo administración en la materia, y recuperar de una vez por todas la propiedad de los recursos pesqueros para todos los chilenos, sus hijos y su futuro.

Elecciones y regiones

Aunque es un lugar común criticar el exacerbado centralismo que caracteriza a nuestro país, y que está lejos de disminuir, la verdad es que en la cotidianeidad pareciera que en las regiones terminamos aceptando, con más o menos resignación ciudadana, esta realidad que decimos rechazar.

Ahí están la televisión y la prensa para mantenernos informados acerca de los problemas del Metro y del Transantiago, de los tacos en el entorno del Costanera Center, de la delincuencia en zonas mediáticamente estigmatizadas de la Región Metropolitana, de las tomas en los liceos emblemáticos de la capital y hasta sobre la última noticia relacionada con la farándula que mayoritariamente transcurre en la capital, con la única excepción del Festival de Viña del Mar.

Pero hay que ser justos, a veces los diarios y los canales también hablan de lo que sucede en regiones: cuando las visita el Presidente o un ministro, cuando la U o Colo-Colo viajan a jugar fuera de Santiago o cuando hay algún accidente, incendio forestal o terremoto o para dar a conocer algún hecho delictivo de alta connotación social. En todo caso parte importante de las noticias de provincia las concentra el Congreso, en Valparaíso, pero más por obligación que por opción.

Es curioso que los medios de comunicación tradicionales prefieran incluso dedicar muchos minutos para mostrarnos los que sucede en otros países y hasta exhibir el último video de moda en internet, antes que brindar el espacio que sin duda merecen las comunas  y regiones donde vive la mayoría de los chilenos.

Las elecciones municipales no son una excepción a este hábito que quiere convencernos de que todo lo que sucede en Santiago, aunque sea lo mismo que ocurre en otras regiones, es más importante. Así, en materia electoral debemos ver como se dedica tiempo y espacio mediático para contarnos hasta el último detalle de lo que sucede en las  campañas en las comunas de Santiago, Providencia, Ñuñoa, Recoleta, Puente Alto y algunas otras.

De acuerdo a los datos del Servel, a enero de este año, en Santiago había 245.515 electores, cifra inferior a la que en la misma época registraban Viña del Mar y Valparaíso con 286.500 y 285.575 electores, respectivamente. El número de votantes capitalinos apenas supera a los de Antofagasta que llegaban en ese momento a 239.213 y se colocaba  apenas por encima de otras capitales regionales como Temuco con 216.780 electores y Concepción con 201.736 ciudadanos. Otras capitales como Puerto Montt, con un padrón de 158.748 votantes quedaba un poco más atrás.

¿Qué se requiere para que este fenómeno de concentración centralizada del poder político y comunicacional se rompa y las regiones puedan también ser parte de la realidad visible de lo que sucede a diario? Sin duda la concentración de los medios televisivos, radiales y escritos en pocas manos no ayuda demasiado a ese objetivo.

Pero sin duda parte importante de este relegamiento político y mediático de lo que ocurre en regiones también pasa por la forma que tiene el país de organizarse. Regiones con mayores y verdaderos espacios de autonomía, intendentes elegidos democráticamente y la posibilidad de que los fondos regionales provenientes del presupuesto dejen de ser una “caja chica” para ministerios como el MOP, Educación, Vivienda o Salud y puedan ser decididos de la forma más participativa posible en las propias regiones, claramente ayudarían a configurar un cuadro distinto al actual, donde siempre la única posibilidad para arreglar problemas de fondo o tomar decisiones claves es viajar a Santiago a entrevistarse con algún ministro o el propio Presidente de turno.

Otro camino tiene que ver con modificar el cómo se mira el país desde Santiago y las políticas públicas que surgen de los gobiernos. La actual administración aprobó a fines de 2010 la denominada Política Nacional de Localidades Aisladas, que busca focalizar recursos públicos y promover inversiones públicas y privadas en dichas zonas. El Subsecretario de Desarrollo Regional, Miguel Flores, ha dicho al respecto que una “política territorial cambia la forma de hacer las cosas… en función de la diversidad territorial de nuestras regiones”.

Sin embargo, el subsecretario no dice que esta política pública de zonas aisladas se seguirá desarrollando en el marco de otra que se ha venido aplicando desde hace casi tres décadas, conocida como de “zonas extremas”, concepto que busca sintetizar a las localidades aisladas y a las comunidades residentes en los territorios ubicados más al norte y más al sur de Chile, aún cuando las características de esos territorios no sean similares.

Claramente la citada “diversidad territorial de las regiones” no es ahora, así como tampoco lo ha sido antes, un elemento central en las definiciones políticas nacionales, de ningún tipo. De hecho parte importante de la construcción del Estado chileno los dos últimos siglos ha tenido un especial énfasis en querer homologar el carácter unitario del Estado con una supuesta homogeneidad que ciertamente no existe, ni territorial, ni culturalmente.

Por eso, aunque sería una idea bastante impopular para cualquier gobierno cambiar la política de zonas extremas, por todos los beneficios que potencialmente representan para comunas y regiones, cobra cierto sentido aquella parte del informe del Banco Mundial del 2005, titulado “Chile. Políticas de Excepción en Zonas Extremas. Una Evaluación de Costos e Impactos y Lineamientos de Reforma”, que recomienda reemplazar el concepto de «zona extrema» por el de «zona estratégica», y aplicarlo a todas las regiones país, recomendando además introducir pues el nivel de pobreza regional como indicador de necesidad, lo que llevaría a una distribución regional de recursos muy diferente a la vigente, “ya que las actuales Zonas Extremas están lejos de ser las regiones más carentes”.

Por cierto, nada de esto es suficiente si la recurrentemente citada diversidad no pasa a formar parte concreta de las políticas públicas en todos los ámbitos y si, por cierto, la mayoría de los chilenos que vive en regiones no hace nada para ayudar a que eso cambie.