Pesca: El consenso de los presidenciables

Los industriales pesqueros respiraron aliviados tras la aprobación de la Ley Longueira, porque lograron evitar las licitaciones de cuotas de pesca y obtuvieron, en propiedad, concesiones a 20 años renovables, heredables y “susceptibles de todo negocio jurídico”. La verdad es que al calor de la actual campaña presidencial, uno podría suponer que, gane quien gane (excepto Matthei), su felicidad no tendrá un horizonte muy extendido en el tiempo.

Y aunque no ha sido en ningún caso “tema de campaña”, la pesca y su futuro ha estado presente en discursos, programas, la franja electoral e incluso en los debates recientes.

Matthei, continuadora del statu quo también en esta materia y en cuyo programa la palabra “pesca” aparece una vez, sólo se ha referido a ella para hablar de la muy anunciada creación del Ministerio de Agricultura, Pesca, Asuntos Forestales y Alimentos, pese a que dicho proyecto todavía no ingresa a trámite legislativo.

MEO por su parte, ha dicho que está por cambiar “las leyes que incrementan la explotación de los recursos naturales” y que la política pesquera nacional ha permitido la sobreexplotación de los recursos durante 25 años, sin un equilibrio entre desarrollo y sustentabilidad, lo que no se ve favorecido por las licencias “renovables” que otorga la nueva ley de pesca.

Israel, no se ha referido al tema, pero en su programa señala que “la ley debe poner límites a la concentración en los mercados”, por lo que considerando el estado oligopólico de la pesca, un eventual gobierno suyo le metería mano a las tristemente célebres 7 familias.

Sfeir, cuyo hijo es gerente de una empresa certificadora de productos del mar, promueve un cambio constitucional para que la propiedad de los recursos naturales sea de todos los chilenos y ha dicho que el país tiene derecho a una discusión sobre la ley de pesca mucho más integrada.

Roxana Miranda ha sostenido que hay que regular la pesca de arrastre y que derogaría la Ley Longueira, señalando que la pesca artesanal tiene que volver a ser privilegiada ya que genera empleo y es una forma de vida de familias donde el ser pescador artesanal se traspasa de una generación a otra.

Parisi ha sido muy expresivo en esta materia señalando ser contrario a la Ley Longueira, sosteniendo que es una ley mal hecha, y que no considera la diversidad territorial y pesquera. Ha propuesto ocho millas para la pesca artesanal y respetar sus caladeros históricos. También está por prohibir la pesca de arrastre. Dice ser contrario a las concesiones a perpetuidad. En materia artesanal propone hacer un distingo entre el armador y el pescador.

Claude se ha declarado partidario de derogar una Ley Longueira “hecha a la medida de los industriales”, para favorecer a los pescadores artesanales, a quienes les otorgaría una mayor cuota. También ha señalado la necesidad de recuperar “la soberanía sobre el recurso pesquero”.

Jocelyn-Holt se ha definido como contrario a la Ley Longueira, porque a su juicio concentra los recursos en pocos actores. Al respecto emplazó a la Concertación a asumir su responsabilidad, pues esa ley se aprobó con votos de la oposición. Sobre los industriales dijo que “se han vuelto rentistas y no asumen riesgos”, y que la Ley de Pesca es la mejor demostración de ello.

Finalmente, Bachelet, que inesperadamente le dedicó una página de su programa al tema, plantea hacer una “evaluación” de la Ley Longueira, incorporar a los pescadores artesanales al sistema previsional, de salud y a la Ley de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales. Propone además crear la “Bolsa de la Pesca Artesanal” y el Instituto de Desarrollo de la Pesca Artesanal. También plantea extender las 5 millas de reserva artesanal hasta Magallanes y la eliminación progresiva de la pesca de arrastre.

En síntesis, si de algo podemos estar seguros es de que hay suficiente, amplio y transversal consenso político en el país para que el próximo gobierno recoja el guante, no asuma la Ley Longueira como un hecho consumado y también para que no se repitan los errores y omisiones del pasado. Las cuotas de pesca no pueden ser ni para mantener la paz social de los pescadores artesanales ni para calmar el lobby insaciable de la industria en esta materia.

Está claro que la próxima administración tendrá que hacerse cargo, sí o sí, de la recuperación de las pesquerías: tendrá que haber más investigación, más vedas y más protección social. Por cierto se necesitarán más recursos, más fiscalización y menos pesca de “investigación” o “imprevistos”.  Por cierto, aunque pueda ser alternativa de pequeña escala, la acuicultura tampoco es la solución en las zonas donde habrá crisis pesquera, menos aun si es sólo la salmonicultura y sus líos sanitarios, laborales y ambientales.

Lo que se necesita, ni más ni menos, es desarrollar política de Estado y no solo administración en la materia, y recuperar de una vez por todas la propiedad de los recursos pesqueros para todos los chilenos, sus hijos y su futuro.

¿Ministerio de Recursos Naturales?

Aunque todavía no se conoce el anunciado proyecto que busca crear un Ministerio de Agricultura, Alimentos, Pesca y Recursos Forestales, el ministro Luis Mayol, ha enfatizado que se trata de una “enorme oportunidad que nuestro país tiene hoy en día para convertirse en un importante proveedor mundial de alimentos seguros e inocuos«[1].

Es llamativo que esta propuesta se dejara para el final de la actual administración, quizá esperando la aprobación de la Ley de Pesca o la extensión del DL 701, considerando que el gobierno anterior había elaborado un anteproyecto proponiendo crear el Ministerio de Agricultura, Pesca y los Alimentos y que el 2009 se había publicado un libro[2], que permitía apreciar una atención concentrada en el “sistema alimentario”.

En este último texto se habla de alimentos y no de alimentación, centrando la discusión en una producción “más competitiva” que permita a Chile ser una “potencia agroalimentaria”. Uno hubiera esperado mayor preocupación por la alimentación pero, claro, el mercado y el comercio no se detienen a reflexionar sobre las posibilidades de acceso a ese consumo vital.

El citado texto incluye un capítulo[3] de institucionalidad comparada, en que se recogen casos como el de Irlanda, donde el Departamento de Agricultura, Pesca y Alimentos tiene entre sus objetivos “entregar alimentos de calidad, seguros y nutritivos, a consumidores bien informados, y producidos de manera sostenible, entendiendo éste como el camino óptimo para el futuro del sector alimenticio irlandés”.

El mismo texto cita luego el “Strategic Plan 2005-2010” del Departamento de Agricultura de EEUU, que define sus metas y objetivos: aumentar las oportunidades económicas de los productores agrícolas; mejorar la competitividad y sustentabilidad de la economía rural; apoyar las oportunidades económicas y mejorar la calidad de vida en los sectores rurales; aumentar la protección y la seguridad agroalimentaria; mejorar la nutrición y seguridad del país; y potenciar y proteger los recursos naturales y el medioambiente.

Otro ejemplo es Nueva Zelandia donde existe el Ministerio de Agricultura y Silvicultura, cuya misión es “ampliar las ventajas naturales” de ese país. Según esa cartera, eso se logra “a través del fortalecimiento del desempeño sectorial, el desarrollo de un comercio más libre y seguro, el resguardo de la salud neozelandesa y la protección de los recursos naturales para el beneficio de las generaciones futuras”.

De estos ejemplos, es rescatable la relevancia que se le asigna a la protección de los recursos naturales siempre en una perspectiva de sustentabilidad, es decir, de no dejar sin posibilidad de acceso a ellos a las futuras generaciones; la necesaria “construcción” de conocimiento; la importancia del consumo interno (y no solo la exportación) de los alimentos producidos y la consiguiente mejora nutricional; la protección de la biodiversidad y el medioambiente; y la información y protección de los consumidores.

Tal como lo indica ese estudio, el manejo y protección de recursos naturales renovables y no renovables es uno de los ámbitos “que tiene un mayor nivel de prioridad dentro de los casos estudiados”.

Es claro el enfoque agrocéntrico sobre la posibilidad de crear este nuevo ministerio. Por eso preocupa el desarrollo de otros sectores, como el de la pesca artesanal. Al parecer para el actual gobierno todo quedó zanjado con la “Ley Longueira”, los comités científicos por formarse y el Instituto de Desarrollo de la Pesca Artesanal, en trámite legislativo. ¿Cómo se inserta esta actividad económica, social y cultural en el eventual nuevo ministerio? ¿Solo como un alimento más que busca mercado para ser exportado, indiferente a que el consumo de productos del mar per capita no haya variado en 40 años?. En la discusión de la ley reflotó la idea de crear un Ministerio de Pesca o reciclar la propuesta del Presidente Allende de tener un Ministerio del Mar. Muchos temen, con razón, que pesca sería el pariente más pobre de esta cartera.

Pero al parecer no será el único, porque de lo poco que se conoce de la propuesta gubernamental, la protección de los recursos naturales brillará por su ausencia. Un ejemplo es el tema hídrico: ¿Si agricultura y la actividad forestal son dos de las mayores actividades consumidoras de agua, por qué no forma parte de esta propuesta?  ¿No sería coherente incluir en esta nueva cartera a la Dirección General de Aguas, sacándola de un MOP casi exclusivamente preocupado de las obras de infraestructura y conectividad? ¿No sería mejor ampliar la mirada economicista que busca imponerse y conformar una cartera que se haga cargo de una mirada sustentable de nuestras riquezas creando, por ejemplo, un Ministerio de Recursos Naturales?

Este es un debate que nos enfrenta al tipo de país que queremos legarle a nuestros hijos, optando por el camino inmediatista del extractivismo comercial, que incluye el cultivo secreto y la contaminación que producen las semillas transgénicas o el uso abusivo de pesticidas en los cultivos o de antibióticos en la salmonicultura; o por dar un giro que nos permita ejercer una soberanía alimentaria, para desde allí constituirnos en una potencia, pero una que protege su biodiversidad, que sea sustentable y que, sobre todo, asegura el acceso a una alimentación sana para sus habitantes.

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[1] http://economia.terra.com.co/noticias/noticia.aspx?idNoticia=201307111736_UPI_82345024

[2] Ministerio de Agricultura, Pesca y los Alimentos: Marco Conceptual y Propuestas. El Caso de Chile / IICA, Ministerio de Agricultura – Santiago: IICA, 2009. En http://www.iica.int/Esp/regiones/sur/chile/Documents/Libro_web.pdf

[3] Ministerios de Agricultura y Alimentación: La experiencia internacional, Alvear, N., Leporati, M. En IICA, Ministerio de Agricultura – Santiago: IICA, 2009.

Acerca de lo público, lo común y lo ajeno

Hace algunos días atrás un noticiero nocturno mostraba como gran novedad sociológica el efecto que producía entre los transeúntes el que dos muchachas, ataviadas sólo con sus bikinis, se instalaran a tomar sol en un parque de Santiago. Los efectos eran, por cierto, los esperables: mucha mirada como sin querer, algunos mirando al pasar, otros definitivamente quedándose estacionados para observar a las jóvenes que, como debía ser para que el experimento resultara, no se daban por aludidas. Se señaló que tal intervención socio-urbana se había realizado a partir de una situación similar que días antes habían generado espontáneamente unas turistas y que había ocupado el interés de algún diario farandulero.

Sin embargo, más allá de la apreciación que se tenga sobre esta algo repetida experiencia, pareciera ser que lo que se instala siempre en el debate ciudadano y medial es el uso, o derechamente la apropiación, del espacio público. Porque en un país como Chile donde todavía hay que pedir “permiso” a las autoridades políticas de turno para marchar, manifestarse o simplemente reunirse en torno a un tema o actividad, ciertamente muchos terminan sintiéndose entre incómodos, asustados y avergonzados incluso cuando son otros los que hacen uso del espacio público, que casi nunca es completamente público, pues siempre hay alguien que puede poner reglas y establecer límites cuando no prohibiciones.

Es lo que siempre sucede, por ejemplo cuando por alguna razón en alguna comuna no se retira la basura el día establecido: la basura empieza a acumularse en las esquinas, en los sitios eriazos o colapsa los contenedores, porque la gente, los vecinos no dejan de sacar “su” basura el día fijado, aún cuando sepa que el camión no pasará. Ahí es cuando “su” basura pasa a ser “la” basura, es decir una basura que ya no es mía, sino de nadie. Por cierto, esos mismos habitantes son los que luego aparecen en las pantallas clamando por una pronta solución al complejo cuadro sanitario que estas situaciones siempre generan, alegando por la aparición de vectores y por el riesgo para su familias debido a “la” basura amontonada, siempre omitiéndose el como ésta llego al espacio público compartido.

Es también, de alguna manera, lo mismo que sucede cuando lo que se levanta sobre las calles  (el espacio público) ya no son bikinis o basura, sino demandas por educación o salud pública  decente, de mejor calidad y gratuita para la mayoría de los chilenos: inicialmente la opinión de las personas es siempre favorable a tales reivindicaciones, pues se entiende que al decir salud o educación “pública” se está hablando de derechos (no solo servicios o prestaciones) para todos quienes lo necesiten, es decir se trata de derechos comunes. Sin embargo, las prolongaciones de muchas de las formas de movilización desplegadas para hacer llegar el mensaje a una autoridad cada vez más impermeable a tales peticiones ciudadanas, dichos planteamientos comienzan a ser considerados por algunas personas, pero especialmente por los medios de comunicación, como una forma de afectación del espacio público común, que como es de suponer también utilizan a diario aquellos que quieren “estudiar y trabajar tranquilos”.

Es decir, nuevamente lo público transmutado de propio a común, para terminar en ajeno.

Quizás uno a estas alturas ya no debiera sorprenderse de este tipo de mutaciones socio-culturales que se expresan en Chile, toda vez que para eso, entre otras cosas, los que hoy abominan de la violencia y buscan construir entelequias legales para perseguir a esos delincuentes que usan capucha y quieren subvertir el actual estado de cosas sin impregnarse del espíritu de los consensos y de los grandes acuerdos pensando siempre en el bien superior de la patria, promovieron el sangriento golpe de estado que terminó con la vida y el paradero de miles de chilenas y chilenos y refundó institucional y constitucionalmente el país.

Porque no deja de ser curioso, por decirlo en suave, que sigamos siendo seguramente el único país donde el transporte público no es público, sino privado y donde el erario nacional, es decir las platas públicas, es decir de todos nosotros, subsidia más de 60 millones de dólares mensuales para que los operadores del Transantiago y de sus hermanos menores de regiones tengan garantizados sus ingresos. Pero de política pública real en materia de transportes, nada.

Porque volviendo al tema de la educación, ésta sigue llamándose pública sólo porque está administrada en un porcentaje cada vez menor por los municipios que no son privados (aunque algunos lo parezcan), y porque al igual que en el caso del transporte es el sacrosanto estado subsidiario el que inyecta millonarios recursos por la vía de las subvenciones (en todas sus denominaciones) para garantizar no la calidad, ni la equidad, ni la dignidad de la educación que se recibe, sino para que se puedan pagar el sueldo de los profesores y las cuentas de luz y agua en los municipios, y para garantizar los modestos ingresos (en ningún caso se les ocurra usar el ofensivo concepto lucro) que se ven obligados a recibir aquellos emprendedores que son dueños de colegios subvencionados y cuyo fin es  ser desinteresados colaboradores de la función educativa. Pero de política pública real en materia de educación, nada.

Este año, con seguridad, se viene con todo una “ideológica” y “politizada” discusión pública (que algunos quisieran fuera lo más privada posible) sobre el proyecto de ley de pesca que presentó el ejecutivo para reemplazar la ley de límites máximos de captura por armador que lleva las firmas de Lagos y de Rodríguez Grossi. Nuevamente se trata de recursos de todos que están en un espacio patrioteramente declarado como de todos, pero que de nuevo, en los hechos, se trata de recursos de los que usufructúan algunas pocas familias y que, como si fuera poco, ahora quieren (al igual como lo indica el proyecto del gobierno) que sus  pretendidos “derechos” sean perpetuos. Es decir, ahí tenemos de nuevo mucho ruido, pero de política pública en materia pesquera, nada.

Y para qué hablar de la seguridad en las calles o “seguridad pública” porque se trata de una actividad casi expropiada por el ministerio de interior del gobierno que sea, pues es un tema que las encuestas siempre señalan como rentable socialmente, aunque al final se reduzca a la vieja fórmula de endurecer todas las leyes posibles e inventar algunas otras para que los “antisociales” terminen tras las rejas, curiosamente de cárceles privadas (o concesionadas como se les dice eufemísticamente), es decir personas que pierden su libertad por acción de leyes públicas, la seguridad pública, la fuerza pública y el ministerio público, para terminar siendo internos de penales privados. Claramente lo que sucede al interior de estos recintos, las condiciones en que viven estas personas es algo que a la opinión pública, en general, salvo que haya alguna tragedia que implique muchas muertes, no le importa demasiado.

Y valga citar también como ejemplo a la denominada “opinión pública”, que en realidad para el caso chilensis corresponde a lo que opinan y buscan instalar en la sociedad los medios de comunicación en función de sus intereses políticos y económicos más pedestres (o los que representan) y para que lo que se amparan en herramientas igualmente “neutrales” como las cada vez más abundantes encuestas de opinión, que aunque en general nunca entrevistan a más de un millar y medio de personas a nivel nacional, sus resultados terminan extrapolándose siempre a toda nuestra sociedad (aunque ello pueda ser metodológica o estadísticamente posible), haciéndolos aparecer como el verdadero sentir y pensar de los chilenos. Nuevamente lo público deja en este caso de serlo, para ser simplemente opinión particular con complejos totalizantes.

A veces da la sensación de que cuando se habla de “lo público”, del “espacio público” o de “la cosa pública” no se está hablando de espacios que por definición debieran entenderse como de todos, sino más bien como espacios que no son de nadie (o casi nadie, porque como dijimos antes, siempre hay alguna mano legal o moral que busca intervenir, condicionar o sancionar). Claramente todo un síntoma de la sociedad cada más invidualista y privatizada en que vivimos y que como casi siempre ocurre, siempre termina quejándose de los efectos que ella misma genera.