Más Educación Física menos Simce

Así como hay gente que cree que los problemas se resuelven con leyes, hay otros que creen que se resuelven con ministerios. Por eso, los últimos días se instaló una polémica a raíz del empeño del gobierno por aprobar a la fuerza un deficiente proyecto que crea el Ministerio del Deporte, que de todas formas se aprobará.

Para presionar este objetivo que necesitan esté incluido en la propaganda de Matthei, para decir que este gobierno sí materializó esta cartera que el anterior enunció pero que no concretó, el Ejecutivo llenó las tribunas del Congreso con deportistas de alto rendimiento, usando como “escudo humano” al tenista Fernando González.

Todo lo anterior muestra dos cosas: una que al gobierno a estas alturas de su despedida ya no le interesa si el proyecto es bueno o malo, sino que se apruebe; y dos, que lamentablemente muchos de los deportistas que de buena fe “le prestaron ropa” al gobierno nunca leyeron el texto de la propuesta que, al igual que otras similares, dejaba en la indefensión a los actuales trabajadores del Instituto Nacional de Deportes.

Este acotado debate sobre esta materia muestra lo perdido que andamos para variar. Porque a juzgar por lo que se ve y se dice la importancia de tener este ministerio es que ello ayudaría a que existan más deportistas de alto rendimiento. Nada más lejos de la realidad. Lo que el país necesita es justamente una mirada sobre la actividad física que vaya en la dirección contraria al de la fórmula deportista destacado = deportista profesional = millonario = farándula, particularmente asociado a futbolistas y tenistas.

Poco se escucha hablar de la clásica triada educación física, deporte y recreación que está en la base de la pedagogía del movimiento que proféticamente promovían anónimos héroes como el Dr. Luis Bisquertt quien promovía la “educación física para todos” o una “educación física social”, donde el sistema educativo y estatal en general apostaran por la actividad física como factor de salud y de perfeccionamiento de cada persona de acuerdo a sus capacidades.

Lamentablemente siempre se ha optado por lo que el propio Bisquertt denominaba la “sociedad de las nalgas”, donde la gran mayoría es solo espectadora de los que unos pocos “buenos para el deporte” hacen. Ahí están los medios de comunicación para glorificar las figuras del deporte nacional que en muchos casos han llegado a la cima gracias al esfuerzo o apoyo económico familiar más que a cualquier otra cosa.

Como si fuera poco el actual gobierno creó el Simce de Educación Física que bajo su lógica estandarizadora compara -como si se pudiera- a los escolares, sin considerar que muchos de ellos solo se alimentan con el almuerzo Junaeb y que hasta hoy, los profesores de educación física solo hacen clases en enseñanza media, quedando los más pequeños condenados a que les tiren una pelota o los pongan a girar alrededor del colegio.

La obesidad no bajará con más horas de clases, estadios o medallas, sino con una educación física de verdad para todos.

Acerca de lo público, lo común y lo ajeno

Hace algunos días atrás un noticiero nocturno mostraba como gran novedad sociológica el efecto que producía entre los transeúntes el que dos muchachas, ataviadas sólo con sus bikinis, se instalaran a tomar sol en un parque de Santiago. Los efectos eran, por cierto, los esperables: mucha mirada como sin querer, algunos mirando al pasar, otros definitivamente quedándose estacionados para observar a las jóvenes que, como debía ser para que el experimento resultara, no se daban por aludidas. Se señaló que tal intervención socio-urbana se había realizado a partir de una situación similar que días antes habían generado espontáneamente unas turistas y que había ocupado el interés de algún diario farandulero.

Sin embargo, más allá de la apreciación que se tenga sobre esta algo repetida experiencia, pareciera ser que lo que se instala siempre en el debate ciudadano y medial es el uso, o derechamente la apropiación, del espacio público. Porque en un país como Chile donde todavía hay que pedir “permiso” a las autoridades políticas de turno para marchar, manifestarse o simplemente reunirse en torno a un tema o actividad, ciertamente muchos terminan sintiéndose entre incómodos, asustados y avergonzados incluso cuando son otros los que hacen uso del espacio público, que casi nunca es completamente público, pues siempre hay alguien que puede poner reglas y establecer límites cuando no prohibiciones.

Es lo que siempre sucede, por ejemplo cuando por alguna razón en alguna comuna no se retira la basura el día establecido: la basura empieza a acumularse en las esquinas, en los sitios eriazos o colapsa los contenedores, porque la gente, los vecinos no dejan de sacar “su” basura el día fijado, aún cuando sepa que el camión no pasará. Ahí es cuando “su” basura pasa a ser “la” basura, es decir una basura que ya no es mía, sino de nadie. Por cierto, esos mismos habitantes son los que luego aparecen en las pantallas clamando por una pronta solución al complejo cuadro sanitario que estas situaciones siempre generan, alegando por la aparición de vectores y por el riesgo para su familias debido a “la” basura amontonada, siempre omitiéndose el como ésta llego al espacio público compartido.

Es también, de alguna manera, lo mismo que sucede cuando lo que se levanta sobre las calles  (el espacio público) ya no son bikinis o basura, sino demandas por educación o salud pública  decente, de mejor calidad y gratuita para la mayoría de los chilenos: inicialmente la opinión de las personas es siempre favorable a tales reivindicaciones, pues se entiende que al decir salud o educación “pública” se está hablando de derechos (no solo servicios o prestaciones) para todos quienes lo necesiten, es decir se trata de derechos comunes. Sin embargo, las prolongaciones de muchas de las formas de movilización desplegadas para hacer llegar el mensaje a una autoridad cada vez más impermeable a tales peticiones ciudadanas, dichos planteamientos comienzan a ser considerados por algunas personas, pero especialmente por los medios de comunicación, como una forma de afectación del espacio público común, que como es de suponer también utilizan a diario aquellos que quieren “estudiar y trabajar tranquilos”.

Es decir, nuevamente lo público transmutado de propio a común, para terminar en ajeno.

Quizás uno a estas alturas ya no debiera sorprenderse de este tipo de mutaciones socio-culturales que se expresan en Chile, toda vez que para eso, entre otras cosas, los que hoy abominan de la violencia y buscan construir entelequias legales para perseguir a esos delincuentes que usan capucha y quieren subvertir el actual estado de cosas sin impregnarse del espíritu de los consensos y de los grandes acuerdos pensando siempre en el bien superior de la patria, promovieron el sangriento golpe de estado que terminó con la vida y el paradero de miles de chilenas y chilenos y refundó institucional y constitucionalmente el país.

Porque no deja de ser curioso, por decirlo en suave, que sigamos siendo seguramente el único país donde el transporte público no es público, sino privado y donde el erario nacional, es decir las platas públicas, es decir de todos nosotros, subsidia más de 60 millones de dólares mensuales para que los operadores del Transantiago y de sus hermanos menores de regiones tengan garantizados sus ingresos. Pero de política pública real en materia de transportes, nada.

Porque volviendo al tema de la educación, ésta sigue llamándose pública sólo porque está administrada en un porcentaje cada vez menor por los municipios que no son privados (aunque algunos lo parezcan), y porque al igual que en el caso del transporte es el sacrosanto estado subsidiario el que inyecta millonarios recursos por la vía de las subvenciones (en todas sus denominaciones) para garantizar no la calidad, ni la equidad, ni la dignidad de la educación que se recibe, sino para que se puedan pagar el sueldo de los profesores y las cuentas de luz y agua en los municipios, y para garantizar los modestos ingresos (en ningún caso se les ocurra usar el ofensivo concepto lucro) que se ven obligados a recibir aquellos emprendedores que son dueños de colegios subvencionados y cuyo fin es  ser desinteresados colaboradores de la función educativa. Pero de política pública real en materia de educación, nada.

Este año, con seguridad, se viene con todo una “ideológica” y “politizada” discusión pública (que algunos quisieran fuera lo más privada posible) sobre el proyecto de ley de pesca que presentó el ejecutivo para reemplazar la ley de límites máximos de captura por armador que lleva las firmas de Lagos y de Rodríguez Grossi. Nuevamente se trata de recursos de todos que están en un espacio patrioteramente declarado como de todos, pero que de nuevo, en los hechos, se trata de recursos de los que usufructúan algunas pocas familias y que, como si fuera poco, ahora quieren (al igual como lo indica el proyecto del gobierno) que sus  pretendidos “derechos” sean perpetuos. Es decir, ahí tenemos de nuevo mucho ruido, pero de política pública en materia pesquera, nada.

Y para qué hablar de la seguridad en las calles o “seguridad pública” porque se trata de una actividad casi expropiada por el ministerio de interior del gobierno que sea, pues es un tema que las encuestas siempre señalan como rentable socialmente, aunque al final se reduzca a la vieja fórmula de endurecer todas las leyes posibles e inventar algunas otras para que los “antisociales” terminen tras las rejas, curiosamente de cárceles privadas (o concesionadas como se les dice eufemísticamente), es decir personas que pierden su libertad por acción de leyes públicas, la seguridad pública, la fuerza pública y el ministerio público, para terminar siendo internos de penales privados. Claramente lo que sucede al interior de estos recintos, las condiciones en que viven estas personas es algo que a la opinión pública, en general, salvo que haya alguna tragedia que implique muchas muertes, no le importa demasiado.

Y valga citar también como ejemplo a la denominada “opinión pública”, que en realidad para el caso chilensis corresponde a lo que opinan y buscan instalar en la sociedad los medios de comunicación en función de sus intereses políticos y económicos más pedestres (o los que representan) y para que lo que se amparan en herramientas igualmente “neutrales” como las cada vez más abundantes encuestas de opinión, que aunque en general nunca entrevistan a más de un millar y medio de personas a nivel nacional, sus resultados terminan extrapolándose siempre a toda nuestra sociedad (aunque ello pueda ser metodológica o estadísticamente posible), haciéndolos aparecer como el verdadero sentir y pensar de los chilenos. Nuevamente lo público deja en este caso de serlo, para ser simplemente opinión particular con complejos totalizantes.

A veces da la sensación de que cuando se habla de “lo público”, del “espacio público” o de “la cosa pública” no se está hablando de espacios que por definición debieran entenderse como de todos, sino más bien como espacios que no son de nadie (o casi nadie, porque como dijimos antes, siempre hay alguna mano legal o moral que busca intervenir, condicionar o sancionar). Claramente todo un síntoma de la sociedad cada más invidualista y privatizada en que vivimos y que como casi siempre ocurre, siempre termina quejándose de los efectos que ella misma genera.

Desarrollo Social: el horizonte permanente

“Ella está en el horizonte.

Me acerco dos pasos, ella se aleja dos pasos.

Camino diez pasos y el horizonte se corre diez pasos más allá.

Por mucho que yo camine, nunca la alcanzaré.

¿Para que sirve la utopía? Para eso sirve: para caminar”

Eduardo Galeano

Por Javier Sánchez

Entre la década de los ’30 y la de los ’60 nuestro país vivió, con todos sus matices, lo que por entonces se conoció como la fase económica de “sustitución de importaciones”, que se centraba en lo que se denominaba el “desarrollo hacia adentro” que combinado con lo que otros denominan “la escuela cepalina” o el “modelo cepaliano”, tenía como principal expresión al menos en nuestro país, un fuerte impulso industrializador y manufacturero.

Sin embargo, pese a tan amplio período lo anterior nunca llegó a cristalizar en un modelo económico y social único o estable, tanto debido al fuerte atraso educacional de parte importante de la población, como a modelos laborales y de explotación, particularmente de la tierra, muy antiguos e ineficientes, basados en la centralidad de la relación patrón-mano de obra poco calificada.

A ello por cierto hay que agregarle el componente político que atravesaba constantemente el debate nacional, expresando las miradas de una sociedad electoralmente dividida en tres tercios y marcada por los ecos de la Guerra Fría, lo que agudizaba con la intervención norteamericana en el continente por un lado, y por el otro por la creciente influencia que ejercían movimientos revolucionarios que impulsaban cambios radicales a las relaciones sociales y productivas existentes.

Más tarde, sin embargo, todo este debate quedó reducido a cero, tras la brutal interrupción democrática y la imposición de un modelo económico ultra liberal, implementado en Chile por los denominados Chicago Boys, cuya fórmula para alcanzar el deseado y esquivo desarrollo era generar todas las condiciones para que la “mano invisible” anunciada por Adam Smith operara libremente, sobre la base de la relación básica entre oferta y demanda.

Hoy, el concepto de desarrollo, presente en todos los programas presidenciales desde los ‘90 a la fecha tiene como parámetros y criterios de medición y de comparación el ingreso per capita, los resultados de la balanza comercial, el valor de nuestras exportaciones, especialmente el cobre, y sobre todo los manidos equilibrios macroeconómicos, la inflación, el precio del dólar y las tasas de interés. Es decir, lo que hoy tenemos es una visión del desarrollo más bien economicista y comercial: somos más desarrollados si vendemos más como país y compramos más como consumidores.

Sin embargo desde hace bastante tiempo, también viene desplegándose una mirada paralela sobre el desarrollo, como entenderlo, promoverlo y medirlo: el denominado Desarrollo a Escala Humana, que tiene como piedra fundacional el libro del mismo nombre publicado en 1986 por Max Neef, Elizalde y Hopenhayn, que proponía la “generación de niveles crecientes de autodependencia y la articulación orgánica de los seres humanos con la naturaleza y la tecnología, los procesos globales con los comportamientos locales, de lo personal con lo social, de la planificación con la autonomía y de la sociedad civil con el Estado”[1].

Esta visión, que también ha ido mutando y evolucionando a la par que el modelo chileno ha terminado consolidándose como neoliberal, ha acentuando su preocupación por la explotación de los recursos naturales, por la mantención de un modelo exportador con poco valor agregado y baja capacitación, pero sobre todo por la desnaturalización de la cohesión social que un modelo basado en la concentración y en la competencia individual instala. La sociedad ha terminado siendo, como dice Halpern, un espacio donde “los nuevos ciudadanos tienden a agruparse en torno a pequeñas tribus y el consumo es una de las herramientas más poderosas de cohesión colectiva”[2].

Sin embargo, lo que hace más compleja la mirada actual sobre el desarrollo existente y el deseable tiene que ver con los contextos y la construcción de imaginarios colectivos que desde la política, la educación y los medios de comunicación buscan reproducirse. Porque aunque la promesa del desarrollo va de la mano con la de mejor calidad de vida y empleo, lo que finalmente termina sucediendo tiene que ver con lo que dice Beck, cuando señala que “el crecimiento económico ya no es más condición necesaria para disminuir la desocupación, sino que por el contrario supone como condición la eliminación de puestos de trabajo. Se trata de un capitalismo sin trabajo…”[3].

Y si ya es grave que aunque la mayoría de la gente homologue y sinonimice desarrollo a crecimiento económico, a empleo y mejor calidad de vida, es mucho más delicado y complejo aún que se fomente un individualismo que siembra la ilusión de que la persona sola puede “autosustentarse” en el mercado, que no necesita de los otros, que no requiere organizarse ni interactuar con sus pares. Este modelo de individuo aislado, que se disfraza de competitivo, emprendedor e innovador olvida intencionalmente que es “al interior de las relaciones sociales donde la vida individual adquiere sentido”[4].

Sin embargo, este modelo de desarrollo que aún tenemos, logra ocultar esta archipielaguización de la sociedad detrás de lo que Santa Cruz describe como el proceso de identificación que se ha tratado de construir entre la competitividad económica de Chile en los mercados mundiales y la “confirmación simbólica, que se busca un tanto frenética y estridentemente en el tenis y en el fútbol, de ser un país capaz de pararse de igual a igual frente a cualquier otro”[5]. Adicionalmente y para reforzar lo anterior desde una supuesta diferenciación se ha construido un discurso que “instala una visión de chilenidad esencial que permanece inmutable por sobre el tiempo y la historia y que, simbólicamente se encarna en costumbres, bailes, música, vestimentas, etc., que remiten al mundo de la hacienda del Valle Central, concebida como la matriz fundacional. Es el mundo del huaso y la china, de la cueca, el rodeo y la empanada, etc., como expresiones de una chilenidad pura, no contaminada por rasgos culturales universalistas”[6].

Es decir que el neoliberalismo se disfraza de nacionalista buscando mantener una unidad ficticia para evitar que sea evidente la erosión que produce al sentido y a la identidad nacional, pues desarrollarse “hacia fuera” significa “externalizarse y dar la espalda a las obras, pensamientos, culturas y fuerzas que constituyeron los pilares fundamentales de las naciones modernas, significa especialmente abandonar los esfuerzos de inclusión y progreso que se anidaron en su seno en los siglos XIX y XX. Significa, en el fondo, apostar a dejar la periferia para entrar al imperio sin rostro propio ni soberanía. La lógica neoliberal deja a los países sin alma ni nación”[7].

De esta forma lo que tenemos entonces es una compleja trama de elementos y factores que no siguen situando en la indefinición de lo que entendemos colectivamente como desarrollo, pues lo que tenemos es un modelo dominante con miradas y discursos disidentes que no logran articularse y deben seguir aceptando el sometimiento a la dictadura de las cifras y los equilibrios macroeconómicos, por sobre un desarrollo integral, integrador, por sobre todo a partir de las amplias necesidades humanas y no sólo de la definición de un modelo productivo o comercial.

¿Cómo afecta esta situación a quienes nos situamos frente a este escenario desde la vereda de las minorías, de la mirada alternativa, con el énfasis en las personas y no en las cosas, en el ser y no en el tener? ¿Qué podemos hacer quienes seguimos creyendo que es posible una alternativa a este capitalismo que hoy enfrentamos y que frente a la dictadura de la falta de ideas que anida en los sectores tradicionalmente contestatarios desde la contracultura hoy favorece la “creencia errónea de que lo mejor que podemos esperar es un matrimonio entre la flexibilidad económica al estilo estadounidense y la protección social al estilo europeo, dentro del reducido espectro reopciones institucionales disponibles hoy en el mundo”[8]?

La respuesta no es para nada fácil, sin embargo se puede decir que siguiendo con el análisis de Mangabeira que la fórmula no va por el lado de volver a un estándar “bastardeado” de realismo que es la cercanía a lo existente, pues “según este estándar, una propuesta (de cambio) es realista en tanto permanece cercana a la manera en que la sociedad está organizada hoy”[9], cuando lo que hay que hacer, para empezar, es seguir rebelándose contra ese destino.

Esto es algo que muchas veces debemos enfrentar desde nuestro trabajo cuando sentimos que estamos siendo funcionales a la reproducción de un modelo que no nos gusta y que empieza a absorber a nuestros hijos y a nuestras familias. Esto es lo que potencia sin duda una parte de la explicación de la violencia social creciente debido a la incapacidad de canalizar esa frustración que nace de la impotencia individual y colectiva de ver como ese desarrollo que “todos” generamos, nos excluye y nos margina de sus beneficios, que se expresan de manera diferenciada en los ingresos y en las posibilidades reales de acceso a educación, salud, vivienda y consumo. Un desarrollo que para algunos es sólo la posibilidad de esperar el anunciado “chorreo” del que venimos escuchando desde Büchi hasta Dittborn[10], y mientras tanto sobrevivir endeudándose y aceptando condiciones de trabajo indecentes.

Peor aún, si seguimos en esta lógica economicista que supone la desigualdad como un factor normal para el “desarrollo”, lo que tenemos entonces es un tipo de desarrollo nacional que olvida su rol en la construcción del país y en el fortalecimiento y profundización de su democracia. Ese desarrollo, para algunos, construido a costa de otros y del propio bien común o el interés nacional olvida que “la democracia es una gestión de las diferencias, realizada a partir de un sentido común acerca de las desigualdades admisibles y las desigualdades insoportables”[11].

Ese ciertamente no parece ser el mejor escenario que quisiéramos esperar para un país que no alcanza su tasa de natalidad de recambio y que avanza a pasos agigantados a ser una nación de adultos mayores, pero sobre todo porque se trata de un modelo que va justamente en la dirección opuesta a la de la sustentabilidad que aunque tardía puede ayudar al planeta a sobrellevar y sobrevivir al cambio climático y al calentamiento global al que ese mismo modelo de desarrollo inmediatista lo ha llevado sistemáticamente.

De nada sirven los modelos de protección social o de derechos sociales garantizados si finalmente éstos se traducen sólo en una mejor focalización del Estado subsidiario con el fin de parchar las grietas que el modelo económico, sustentado en este tipo de desarrollo depredador y desigual, buscando contener la demanda social a punta de subsidios y bonos, sin que ello cambie el fondo del problema.

Como dijo Fidel Castro en la Cumbre de Río en 1992: «Hágase más racional la vida humana. Aplíquese un orden económico internacional justo. Utilícese toda la ciencia necesaria para un desarrollo sostenido sin contaminación. Páguese la deuda ecológica y no la deuda externa. Desaparezca el hambre y no el hombre«[12].

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[1][1] Max Neef, M., Elizalde A., Hopenhayn, M.. “Desarrollo a Escala Humana. Una opción para el futuro”. CEPAUR-Fundación Dag Hammarskjöld. Development Dialogue. Número especial 1986.

[2] Halpern, P. “Los nuevos chilenos y la batalla por sus preferencias”. Planeta, 2002, citado en “La sociedad neoliberal”. Rojas, J.  Revista Sociedad Hoy Nº10, Departamento de Sociología UDEC, 2006.

[3] Beck, U. “Was zur Wahl steht”. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 2005, citado en “La sociedad neoliberal”. Rojas, J.  Revista Sociedad Hoy Nº10, Departamento de Sociología UDEC, 2006.

[4] Adorno, T. Sociologische Exkurse. Hamburg: Institut fûr Sozialforschung. 1991. Citado en “La sociedad neoliberal”. Rojas, J.  Revista Sociedad Hoy Nº10, Departamento de Sociología UDEC, 2006.

[5] Santa Cruz, E. “La promesa del desarrollo cercano”. Debate Público Nº4, Centro de Investigaciones Sociales Universidad ARCIS, 2000.

[6] Santa Cruz, E. Op. Cit.

[7] Rojas, J. Op. Cit.

[8] Mangabeira, R. “La alternativa de la izquierda”. Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, 2010.

[9] Mangabeira, R. Op. Cit.

[10] Dittborn, J. “Delincuencia y Chorreo”, en http://blog.latercera.com/blog/jdittborn/entry/delincuencia_y_chorreo

[11] PNUD, Gobierno de Chile. “La globalización exige un nuevo contrato social”. Temas de Desarrollo Sustentable Nº4, 2000.

[12] Castro, F. Conferencia pronunciada en la Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, efectuada en Río de Janeiro, Brasil, el 12 de junio de 1992.

Frente Amplio: Es la hora de hacer

Nos fuimos quedando en silencio, nos fuimos acostumbrando

a aceptar lo que dijeron, nos fuimos perdiendo en el tumulto

se nos fue pegando la avaricia, y con ella también la injusticia

Schwencke y Nilo

 

Y hace poco más de un año muchos lamentaban la derrota del candidato Eduardo Frei a manos del empresario Sebastián Piñera. Y aún cuando al final hubo apoyos transversales buscando evitar la llegada de la derecha al gobierno, terminó por ocurrir lo que ya era previsible hace tiempo.

Y es que aunque ciertamente la mayoría no quería a la derecha en La Moneda, un número no despreciable de chilenos consideraba que la coalición gobernante por dos décadas tampoco reunía demasiados méritos para seguir en el palacio presidencial. El hastío y la decepción, sumado a la falta de propuestas creíbles y de un recambio real de liderazgos terminó por abrir paso a la legitimación de quienes hasta entonces eran sólo los herederos naturales del autoritarismo pinochetista.

Dicho de otra forma, pese a que al final en las palabras se insistió en que no daba lo mismo quien gobernara, la falta de diferenciación, en los hechos terminó por hacer estéril esa estrategia comunicacional.

Tras la instalación del nuevo gobierno, los nuevos opositores esperaban que los partidos concertacionistas hicieran un mea culpa y se abrieran a recuperar parte de lo que había sido su espíritu original. Sin embargo, tras varios de meses gastados en elecciones internas que cambiaron nombres pero no correlaciones internas ni programas, la Concertación siguió siendo más de lo mismo, esta vez fuera del gobierno.

Desde entonces la ciudadanía que se encuentra en la vereda contraria a la autodenominada nueva forma de gobernar ha sentido en carne propia el desamparo político, ante una clase dirigente que mayoritariamente sigue sólo pensando en elecciones, sin ponerle contenido a la política, manteniendo el carácter de federaciones de lotes y fracciones, y lo que es peor manteniendo esa vieja lógica de la política de los acuerdos con la derecha, aportando sin mucho pudor parte importante de sus votos a diversas iniciativas gubernamentales.

El protocolo suscrito entre la oposición concertacionista y la derecha con motivo del proyecto educacional de Lavín ha marcado un hito en esta materia. No porque exista una actitud de rechazo absoluto a la posibilidad de alcanzar acuerdos legislativos, sino porque la gente al menos espera que en temas de fondo, como la educación pública, la oposición, de la forma más unitaria posible levante un muro de contención a los afanes privatizadores que la derecha desde siempre ha tenido en este ámbito.

Sin embargo no ha sido así y han sido pocos los legisladores que votaron en contra de este acuerdo, generando entre otros efectos, la renuncia del diputado Sergio Aguiló al PS.

Para muchos hoy no existe oposición y simplemente la Concertación es a estas alturas una plataforma electoral más que política que se sustenta en los acuerdos y cuoteos de poder entre los grupos internos de cada partido y entre éstos.

Esto se ve reforzado por la ausencia de los otrora partidos populares en las poblaciones, pues siguen sin salir a las calles a retomar el contacto perdido con las bases y con el pueblo, y siguen sin construir plataformas que al menos enuncien esbozos de propuestas o programas alternativos.

Esta situación hace que la lectura de fondo sea compleja: ya no se trata sólo de la derrota a manos de una derecha que no ganaba una elección hace más de 40 años, sino de partidos que, además de no hacer ninguna autocrítica, se resisten a fijar posturas políticas claras, las que por cierto tendrían que empezar con una definición respecto del modelo político-económico vigente, que para muchos sigue siendo el mismo instalado por la dictadura, sólo que con aspectos más humanizados en el tiempo.

Ya se olvidó el álgido debate sobre la necesidad de cambiar la Constitución pinochetista por una democrática, ya no se pide el cambio del sistema electoral, no se ponen los necesarios énfasis en el fortalecimiento de una educación y una salud públicas dignas y decentes, que no sean regidas por el concepto del lucro, asumiendo que el Estado tiene un rol que jugar en ellos, sí o sí, y especialmente asumiendo que dichas actividades son deficitarias por definición y que hay que garantizarles los recursos necesarios sin convertirlas en negocio.

Ante este escenario volvemos a enfrentar la vieja dicotomía entre partidos y movimientos, pues éstos últimos son en la actualidad mucho más activos, participativos y flexibles que los primeros. Las redes en internet, la movilización temática y la horizontalidad movimientista hace que este sea un espacio mucho más cómodo para la ciudadanía.

De ahí que ha surgido espontáneamente la idea de construir un frente amplio que, como su nombre lo indica, no imponga ningún tipo de condición para participar y posibilite la recuperación del diálogo, la construcción de confianzas y de redes ciudadanas, que desarrolle opinión y movilización en torno a temas de verdadero interés popular y sea un espacio que permita relevar y reposicionar el papel que le cabe a los chilenos comunes en la definición de su propio futuro.

Este frente amplio, recién puesto en escena, que parte de principios compartidos de profundización democrática y efectiva justicia social, busca ser ese espacio de debate al que los partidos han renunciado hace rato. Un debate que no debe ser nunca entendido como traba o problema, sino como la legítima exposición de todos los puntos de vista para alcanzar posturas coincidentes que permitan avanzar.

Un frente amplio inclusivo, que hable desde las regiones y desde la diversidad territorial, cultural y étnica de un país que no puede sólo seguir mirando los equilibrios macroeconómicos como medida de desarrollo.

El desafío está lanzado, ahora es tiempo de socializar, escuchar y de ponerse de acuerdo para tener una voz común de aquellos que hoy no son escuchados. Ojalá la inercia, el consumismo, la precariedad laboral y el control social sobre la base de las deudas nos permitan romper el cerco.

Como decía el gran pensador cubano José Martí, la mejor manera de decir es hacer.

Hay tanto por hacer y hay tan pocas respuestas

 

Aunque desde siempre sabemos y repetimos que parte importante del bienestar de varios países, especialmente escandinavos y europeos en general radica en el alto porcentaje de impuestos que pagan empresas y personas, tengo la sensación de que si se propusiera a los chilenos pagar más impuestos para tener una educación verdaderamente pública y de calidad, como en Finlandia, la mayoría no estaría de acuerdo. Si como alternativa apeláramos entonces a una alternativa más estatista como la cubana, tanto para salud como educación, tampoco estarían de acuerdo, aunque reconocer la calidad de los dos ámbitos también es un lugar común entre nosotros.

Hago esta reflexión a partir de las opiniones que he leído en portales de diarios y redes sociales acerca de la privatización de las empresas sanitarias re-anunciada por el Ejecutivo (pues en mayo ya lo había señalado con claridad): muchas de ellas, probablemente la mayoría son críticas y rechazan esta decisión que terminará el proceso de traspaso al capital privado de esas empresas, que comenzara abiertamente Frei y que luego Lagos, en su clásico estilo de señalizar a la izquierda pero siempre terminar virando a la derecha, complementó eliminando el piso de propiedad accionaria estatal fijado en un 35%.

Sin embargo hay otras muchas, de personas que se identifican tanto con el actual gobierno como con esa difusa nueva oposición que tenemos que aunque no manifestando su acuerdo completamente utilizan argumentos que tienden a parcializar sus alcances y efectos, señalando que en realidad la propiedad estatal no es mucha (aunque en algunos caso, como Essbio, es de 44%), que efectivamente los recursos que resulten de su venta servirán tanto para la reconstrucción como para abordar diversos temas sociales, hasta llegar al manido argumento de que en manos privados las empresas serán más eficientes.

Ante campañas como “Salud un derecho” liderada por la doctora Viviente Bachelet que expone con claridad y argumentos como que “actualmente en Chile la salud es considerada como una oportunidad de negocio. El acceso a una atención de salud digna se basa en nuestro nivel de ingresos. En Chile hay una salud para ricos y otra para pobres”, la respuesta ciudadana es deficiente, no porque la campaña sea mala o falte información. Por el contrario a través de Internet y de las redes sociales campañas como ésta cuentan con muchos seguidores y adherentes.

Otro sucede con propuestas como las que levanta Educación2020 encabezada por el ingeniero Mario Waissbluth que a estas alturas, al menos, ya es reconocida y validada por quienes son objeto de sus críticas, aunque por cierto no las consideren. Y aunque también genera mucha opinión y documentación y tiene miles de seguidores en Internet e incluso dispone de un espacio que otros no tienen en los medios tradicionales, sus efectos sociales no son demasiado evidentes.

Así, somos autoflagelantes testigos, a diario, de la privatización y la concentración de la economía y de muchas actividades productivas; de cómo cada vez más el Estado (o lo que queda de él) externaliza casi todo, incluida la fiscalización y la construcción de cárceles y hospitales, sólo por poner algunos ejemplos; de cómo la educación pública o mejor dicho municipalizada pese al reiterado diagnóstico de su fracaso sigue entregando educación deficiente a los miles de niños más pobres de Chile; y por cierto, incluso con amplia difusión en los medios, vemos como la salud pública se cae a pedazos, convirtiendo la carencia y la falta de servicio en la regla, mientras el gobierno idea fórmulas para seguir traspasándola a manos privadas so pretexto de mejorar la atención de las personas.

En general son muchos los temas en que apreciamos esta dicotomía entre diagnóstico compartido versus aceptación social pasiva, pero todo parece continuar una lineal inercia hacia la apatía o la indiferencia. Por cierto que hay excepciones, pero aún no constituyen la mayoría necesaria para construir un discurso colectivo que movilice, aunque sea sectorialmente a quienes sufren las consecuencias del actual estado de cosas o a quienes comparten la necesidad de efectuar estos cambios.

Pero salvo honrosas excepciones que podríamos ejemplificar en la revolución pingüina del 2006 y en la presión social y medial contra la central termoeléctrica de Punta de Choros, hay escasa presencia y capacidad de afectar los procesos en marcha, apabullados por un sistema de medios de comunicación que expresa sólo una visión de las cosas; por una clase política de nivel deficiente y sometida al lobby empresarial que financia campañas; y una ciudadanía desorganizada, intencionadamente despolitizada (y no apolítica) por 37 años; por la Constitución de Pinochet que sigue siendo la guardiana de la propiedad y el orden más que de las personas y sus derechos; y sobre todo por un sistema económico y cultural impuesto a partir del minuto siguiente que el último rocket cayó sobre La Moneda, que tiene a los asalariados viviendo sobre la base de deudas y enajenados con una televisión que entretiene para hacer olvidar los abusos.

Ciertamente el “éxito” de Pinochet no estuvo en el derrocamiento del gobierno constitucional del Presidente Allende, ni en los miles de muertos, desparecidos y exiliados, tampoco en su Constitución a la medida: estuvo en descubrir y activar el gen consumista, materialista y arribista que sistemáticamente bombardeado sobre el pueblo, generó niveles nunca antes vistos de egoísmo, falta de solidaridad y de diferencia social que están en la base de las discriminaciones y delincuencia que hoy vivimos, y que algunos creen paliar yendo a misa una vez por semana o donando algunas lucas para la Teletón.

Y como si todo esto no fuera ya suficiente, además ahora tenemos un gobierno de derecha que -¡maldición!- ni siquiera actúa como gobierno de derecha, sino como uno de continuidad concertacionista, lo que deja al desnudo a la coalición que durante dos décadas gobernó diciendo que era de centro izquierda, cuando en realidad, con suerte, era de centro derecha progresista.

En este contexto, con esta sociedad consumista, emprendedora y aspiracional como algunos la quieren caracterizar a la fuerza, y con el nefasto voto voluntario ad portas, me preocupa el alto apoyo que registra en las encuestas el actual presidente y su gobierno en el segmento que va desde los 18 a los 29 años.

Espero que el 2011 sea un año en que encontremos el inicio de la senda que nos permita recuperar al menos parte de todo lo que hemos retrocedido las últimas tres décadas. De lo contrario, algunos tendremos que hacernos a la idea de tener por largos años gobiernos de “centro-derecha”, quizás más amplios que el actual, debido a la tendencia a los “consensos” que desde hace años, algunos vienen practicando.

Hay tanto por hacer y hay tan pocas respuestas.

 

Iglesia Católica, ideología y educación

Cuando habíamos descansado un tiempo de las declaraciones de la Conferencia Episcopal y del Cardenal Errázuriz oponiéndose a cualquier iniciativa del gobierno, el proyecto de ley que propone derogar la todavía vigente Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE), promulgada el último día de la dictadura, y reemplazarla por una nueva Ley General de Educación, hizo reaparecer la voz de la Iglesia Católica, esta vez, para hacer presente sus “reflexiones” sobre educación.

La declaración de Punta de Tralca, subtitulada “La Educación: tarea de todos” parte constatando “la necesidad de avances urgentes y significativos en esta materia”, valorando “todo cuanto ayude a mejorar la calidad de la enseñanza, y a hacer posible el acceso de todos a una educación digna”, sugiriendo que “en todo este proceso se excluyan las visiones ideologizadas y se escuchen a todos los sectores involucrados”.

Más adelante, el texto invita a una reflexión colectiva, especialmente, de “quienes tienen la grave responsabilidad de legislar en esta materia”. Luego, lamenta “la poca atención prestada a nuestra contribución, ofrecida a partir de una vasta experiencia y con la única intención de servir al país”, y destaca, entre sus puntos “irrenunciables”, su opción por una educación centrada en la persona, incluida su dimensión religiosa; que refuerce el derecho “prioritario” de los padres a elegir la educación de sus hijos; y que favorezca la libertad de acceso y de oferta del “servicio educativo”.

A lo menos uno debiera rescatar que el lenguaje utilizado esta vez es bastante menos descalificador, agresivo e ideologizado que el utilizado por el Cardenal Errázuriz y el obispo Ricardo Ezzati, que recibió la nacionalidad por gracia mediante la ley 20.100 el 24 de abril del año pasado, al entregarse el informe final del Consejo Asesor Presidencial, cuando se calificó el trabajo de esa instancia como “pobre” y “primitiva”, y se dijo que el informe tenía un lenguaje “que se asemeja mucho a la filosofía gramsciana” y evidenciaba una “tendencia estatista”.

Incluso Ezzati, que integró el Consejo Asesor, fue más allá señalando que por el uso de una “metodología poco profesional” el documento manifiesta “sólo parcialmente la riqueza de las visiones y aportes ofrecidos”. Para agregar que existía una “notable asimetría y falta de equilibrio conceptual” en la composición del Consejo; que “había una mayoría y una minoría preestablecida” y que habría sido ingenuo no pensar que “las conclusiones reflejarían la composición numérica e ideológica” del Consejo. O como dijo el propio Errázuriz: “Es el documento de unas pocas personas que escucharon a 81”.

Con una locuacidad ilimitada Ezzati insistió en las páginas mercuriales en que “el informe manifiesta la tendencia a privilegiar la educación impartida por el Estado. En este sentido, me parece anacrónico, falto de respeto al pluralismo y discriminatorio. Es de esperar que las autoridades educacionales no caigan en la tentación de uniformarlo todo, teniendo como modelo de educación proyectos estatistas caducos”.

Estas declaraciones omiten varios aspectos. Primero, elude reconocer que para la Iglesia Católica este no es un tema neutral, sino de gran interés, debido a que esta confesión es sostenedora de 665 colegios en todo el país, con más de 264 mil alumnos en educación básica y casi 130 mil en educación media, lo que representa un no despreciable 12% de la matrícula total del país. Tampoco nada se dice respecto a que un 7% de todos los colegios creados después de 1991 son también católicos.

La Conferencia Episcopal calla también sobre los ingresos vía subvenciones y financiamiento compartido que reciben los colegios con sostenedores católicos, donde sólo un 34% de su matrícula es gratuita, otro 22% paga hasta 6 mil pesos por la vía de financiamiento compartido -es decir pagan los padres- al igual que otro 19% que paga hasta 12 mil pesos mensuales por esa vía, el 17% que paga hasta 24 mil pesos y el 8% que cancela entre 24 mil y 48 mil pesos mensuales. De hecho, un 25% de los alumnos de sostenedores católicos paga más de $12.000, la proporción más alta entre los diversos tipos de sostenedores particulares subvencionados.

Un dato decidor del compromiso y preocupación social de estos sostenedores católicos es que sólo un 6% de los estudiantes considerados como vulnerables o en riesgo social está en estos establecimientos, lo que no habla muy bien de la preocupación especial por los más pobres que manifiesta la Conferencia Episcopal.

Por otra parte, ante la reiterada preocupación manifestada sobre la eventual ideologización del debate sobre educación, habría que hacer propias las preguntas que hacía Antonio Cortés Terzi poco tiempo atrás: ¿se podría decir que en los colegios católicos hay plena libertad de enseñanza? ¿Qué no hay ninguna “filosofía” que orienta y ordena matrices educativas? Y que si la Iglesia reconoce para sí el derecho de establecer una “filosofía” educativa, ¿por qué se lo niega al Estado?

El principal error que ha cometido la iglesia y especialmente Ezzati en esta línea ha sido pretender que todas las familias, los alumnos y los colegios son iguales y tienen las mismas posibilidades y capacidades. Eso no es cierto. Por ello es el Estado el que debe intervenir, compensando, igualando equitativamente y dando garantías a los que tienen menos oportunidades y recursos, y no sólo aplicando la ya tradicional fórmula neoliberal del subsidio a la demanda. El principio de subsidiariedad del Estado no debe ser idealizado y elevado al rango de divino.

El Estado no puede renunciar, pese a las arcadas ideológicas de la derecha y de la Iglesia Católica, a aquellas funciones, atribuciones y misiones que le son intrínsecas y esenciales como ente político-histórico dirigente de la sociedad. Y claramente la educación es el tema de fondo, el marco en que se desarrollará la construcción del tipo de sociedad y de ciudadano que tendremos mañana.

Se entiende que la Iglesia Católica, sometida a un fuerte proceso de tensión cultural y valórico debido al carácter cada vez más laico de la sociedad moderna, haga un esfuerzo por conservar su espacio de intervención en la educación, pues es sin duda una de las más poderosas herramientas que tiene a mano para seguir reproduciendo su influencia ideológica en la sociedad. Pero aunque asumir una postura en este debate puede ser legítimo, no lo es el tratar de imponer su visión al resto de la sociedad como la curia católica chilena siempre trata de hacer.

Por eso, y aunque parezca paradojal, las razones para estar completamente de acuerdo en la necesidad de derogar la LOCE y tener un nuevo marco que de verdad asegure el término de la segregación clasista y el afán de lucro de la educación, están en la propia declaración de la Conferencia Episcopal cuando dice: “A pesar de esfuerzos y logros en materia de justicia social, la espera de muchos pobres continúa. Esperan ser escuchados, atendidos en el anhelo de ser protagonistas de su propia historia, incluidos en este mundo global y tecnificado que les margina. De un modo particular, el mundo rural y sectores urbanos empobrecidos, claman desde su postergación. Superar la pobreza y las grandes desigualdades, constituyen desafíos sociales que no pueden dejar de interpelarnos, también a nuestra sociedad y a sus líderes”.

Cuba: a pesar y para pesar de algunos

Cuando en los medios de comunicación chilenos se habla de Cuba, en un noventa y nueve por ciento de las veces es para decir algo contra Fidel Castro o el sistema de gobierno de la isla. El uno por ciento restante es para decir a regañadientes que existen “algunos avances” en la medicina y en la educación de la mayor de las Antillas. En nuestro país el anticastrismo, derivado en anticubanismo generalizado, es un ejemplo casi perfecto de la cátedra que al respecto dictan las agencias noticiosas norteamericanas.

Poco o nada se dice en Chile acerca de los numerosos reconocimientos que ha obtenido Cuba en materia de innovación pedagógica o del desarrollo científico de primer nivel que tienen. Tampoco se dice mucho, respecto del ejemplo que constituyen los cubanos en el mundo deportivo. Decir, por ejemplo, que son el único país latinoamericano que en las olimpíadas disputa un lugar entre las naciones que más medallas obtienen, dejando detrás a muchos de los países considerados desarrollados.

Por todo esto es que llama la atención que haya sido El Mercurio quien el viernes 27 de octubre, bajo el título “Educación preescolar alcanza al 62% en América Latina”, haya subtitulado: “Cuba lidera la región, con 3,5 años de escolaridad en promedio, mientras que Chile ofrece 1,5 a sus niños menores de seis años”. La nota agregaba que América Latina y el Caribe también sacaron buena nota respecto de las cifras internacionales, porque mientras el promedio mundial es de un año, considerando jardín infantil, prekinder y kinder, en la región el promedio es de 1,7. Añadía que Chile se sitúa un poco más abajo del promedio, pero por encima de países como Costa Rica y Bolivia, pero lejos de Brasil y de otros desarrollados como EE.UU. y Francia.

La conclusión de Ana Luiza Machado, directora de la Oficina Regional de Unesco, fue que «Chile está mejor que muchos países de la región, pero aún falta ampliar la cobertura, con una mayor preocupación por la calidad». Y, además, en su opinión, se debe dar una mayora atención a la incorporación de los sectores más vulnerables, las zonas rurales y las poblaciones de origen indígena”. La representante de la Unesco reconoció que en esta materia Cuba tiene un 100% de cobertura.

Como muestra del nivel de la educación cubana está el Premio de Alfabetización 2006 “Rey Sejong”, otorgado por la Unesco a Cuba, en reconocimiento al trabajo realizado por el Instituto Pedagógico Latinoamericano y del Caribe (IPLAC) de Cuba, en la promoción de un programa de alfabetización, para jóvenes y adultos, denominado “Yo, sí puedo”, que se aplica con éxito actualmente en 15 países. Este reconocimiento de la Unesco fue una decisión de un jurado integrado por expertos de Estados Unidos, Ecuador, Corea del Sur, República Popular China, Senegal y Siria.

Como si todo lo anterior fuera poco, el martes 24, a través de las pantallas de Televisión Nacional, se entregó otra noticia positiva sobre Cuba: el informe bianual elaborado por la organización internacional WWF, titulado “Living Planet”, concluyó que Cuba es el único país del mundo con desarrollo sostenible, en el marco de un alarmante consumo de los recursos del planeta, que se han triplicado entre 1961 y 2003.

Teniendo en cuenta que entre los principales parámetros considerados están el índice de desarrollo humano establecido por el PNUD, y la “huella ecológica” que busca medir la energía y recursos por persona que se consumen en cada país. En ambos casos Cuba tiene niveles suficientes que le permiten ser designado un país que cumple los criterios mínimos para la sensibilidad. «No significa, por supuesto, que Cuba sea un país perfecto, pero sí que es el que cumple las condiciones», señaló Jonathan Loh, uno de los autores del estudio, quien agregó que «Cuba alcanza un buen nivel de desarrollo gracias a su alto nivel de alfabetización y una esperanza de vida bastante alta, mientras que su huella ecológica no es grande al ser un país con bajo consumo de energía».

A muchos todos estos datos pueden parecerles secundarios y poco importantes. Sin embargo, para quienes hemos tenido el privilegio de conocer la lucha, la dignidad y la fraternidad del pueblo cubano, esto es una demostración más de la valía de un país que ha debido soportar por más de 40 años el más brutal bloqueo económico, que busca rendirlo por hambre o enfermedad. Por eso, en agosto pasado, y como ya ha ocurrido otra decena de años anteriores, la Asamblea de la ONU aprobó una nueva resolución (la 60/12) que insiste en la “necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba”.

No es necesario decir que esta resolución, como las anteriores, no será respetada por el gobierno norteamericano, y por el contrario buscará endurecer su posición generando leyes que afectan la extraterritorialidad de otras naciones para mantener su obsesión por terminar con el gobierno de Fidel Castro. Lo que siempre olvidan quienes ven con rabia y molestia los progresos de un pueblo alegre y solidario, es que pese a las pérdidas por 86 mil millones de dólares que le ha significado a Cuba el bloqueo, el mismo que ha afectado, sólo el 2005, a 38 países que mantienen relaciones comerciales normales con la isla, sus hombres y mujeres están siempre dispuestos a seguir defendiendo su derecho a la autodeterminación y, en esa tarea, cuentan con la solidaridad de muchos hombres y mujeres del mundo.