Sobreviviendo

De acuerdo al informe “Living Planet” que de forma bianual entrega la WWF (World Wide Foundation), si persiste el actual modelo de consumo de recursos naturales y energéticos, el año 2050, es decir en sólo 44 años más, se requerirán para satisfacer las necesidades de la humanidad, los recursos equivalentes a dos planetas Tierra. Por cierto esta no es una novedad para quienes están medianamente informados, y quizás por lo mismo no llamó mucho la atención que se le dedicará sólo un breve espacio en la prensa para comentarlo.

De hecho, pareciera que cuando se habla de cosas tan de fondo, como la supervivencia del mundo, la actitud que más prima es la de pensar que eso se refiere a otro planeta, distinto al que ocupamos. Es como cuando se habla de millones de niños muriendo de hambre o de millones de adultos que cada día mueren de sida u otras enfermedades, para las cuales paradojalmente, existe remedio, estuviéramos hablando de otro mundo a este que conocemos, desde el ombligo de nuestro nacionalismo, ejemplificado en la negativa de la derecha chilena de aprobar el aporte de cinco millones de dólares anuales para apoyar esas luchas humanitarias.

De acuerdo al informe de la WWF, las poblaciones de especies animales, desde peces a mamíferos, han descendido un tercio entre 1970 y 2003, en gran parte debido a amenazas humanas como la contaminación, la deforestación y la sobrepesca. Es decir, consumimos recursos más rápido de lo que la Tierra puede reponerlos, como dijo el director general de WWF, James Leape. Curiosamente, y pese a la indiferencia que esta noticia produce en nuestro país, son estas mismas tres amenazas las que pueden llegar a convertir a Chile, en un plazo menor a esos 44 años, en una nación con serios problemas medioambientales.

El diagnóstico es lapidario: los países menos desarrollados afectan al medio ambiente en menor grado que los llamados países desarrollados. Sin embargo, en la medida que se van ”desarrollando”, que muchas veces sólo es un sinónimo de “consumen más”, su impacto sobre el planeta también va aumentando. Este sólo dato echa por tierra la falacia del neoliberalismo de que “todos podemos llegar ser desarrollados”, porque si eso fuera así, las riquezas naturales durarían aún menos. Por eso los países que más consumen necesitan que haya otros que consuman menos. Como dice Galeano en su libro “Las venas abiertas de América Latina”, el subdesarrollo no es una etapa del desarrollo, es su consecuencia.

En esta misma línea de análisis, es cada vez más preocupante el crecimiento y desarrollo que vayan teniendo países como China o la India, con casi un cuarto de la población mundial, porque eso significará que otras muchas naciones, especialmente del continente africano, terminarán siendo condenadas de por vida a la pobreza, el hambre y las pandemias. Está demás decir que si China o la India llegaran a tener un grado de consumo como el de Estados Unidos este planeta pasaría rápidamente a ser un lugar insostenible, ambientalmente hablando.

Para enfrentar esta situación la WWF propone algo muy simple: cambiar el estilo de vida de la humanidad, especialmente de aquellas que consume sin límites, lo que equivale a la fórmula del FMI para no tener deuda externa: pagar. En sus recomendaciones el informe también es claro y directo: para evitar la catástrofe todo el mundo tendría que reducir el uso de combustibles fósiles y mejorar la gestión de los sistemas productivos, desde la agricultura a la pesca. Por cierto, esta propuesta está apuntada tanto a los países como a cada casa del planeta.

La WWF también entrega cifras sobre la “huella ecológica”, mecanismo de medición del impacto que la forma de vida de cada persona o cada país produce en el medio natural. Sobre esto, las cifras que entrega muestran que esta huella era, el 2003 un 25% mayor que la capacidad anual del planeta para proporcionar recursos, desde comida a energía, incluido el reciclaje de todos los residuos. En el informe anterior, realizado en 2001, ese índice era de un 21%. La ‘huella ecológica’ se triplicó entre 1961 y 2003. O sea, la gente convierte recursos en residuos a una velocidad mayor a la que la naturaleza puede volver a convertir los residuos en recursos.

Esta situación de alarma que expone el estudio, tiene que ver con uno de los mayores problemas de la humanidad: el incremento de la población mundial, que ha pasado de los 3.000 millones de 1960 a los 6.500 actuales. La ONU prevé que en 2050 la población excederá los 9.000 millones.

El informe incluye en la ‘lista negra’ de países con alto consumo per cápita de energía y recursos a los Emiratos Arabes Unidos, EEUU, Finlandia, Canadá, Kuwait, Australia, Estonia, Suecia, Nueva Zelanda y Noruega. La lista verde la integra sólo Cuba, país que la WWF considera como “el único país del mundo que presenta un desarrollo sostenible”.

Siempre las malas noticias parecen lejanas, pero la política del avestruz es, especialmente en este caso, la menos recomendable. Si no hacemos nada, además de legarle a nuestros hijos sólo los restos del planeta que recibimos, la humanidad terminará como la canción de Víctor Heredia: sobreviviendo.

La esperanza convertida en negocio

En los noticieros de la noche de un sábado cualquiera, aparece reiteradamente la figura risueña de un ejecutivo de la Polla Chilena de Beneficencia, recordándonos que el día siguiente, el domingo, una o más familias chilenas podrán cumplir sus sueños, anhelos y proyectos porque pasarán a convertirse en nuevos millonarios, tras acertar los seis, diez o quince números sorteados.

Acto seguido, la nota de prensa nos muestra miles de hombres y mujeres eligiendo los números milagrosos que pueden cambiarle la vida (siguiendo la misma línea argumental del citado ejecutivo), mientras una voz en off dice que en todo el país se hacen dos mil apuestas por minuto y que participarán en el sorteo unos dos millones y medio de compatriotas.

Paralelamente, algunas entrevistas dejan en evidencia los sueños que la gente aspira cumplir con el anunciado golpe de suerte: comprarse una casa y asegurar los estudios de los hijos, son los deseos mayoritariamente expresados.

Entonces surge la duda: ¿y qué pasará con aquellos millones de personas (¿o sólo consumidores?) que no acierten con la fórmula probabilística y el lunes, como siempre, deban levantarse muy temprano para tratar de subirse a la micro para llegar al trabajo?. Algunos segura y verdaderamente asumirán este ritual semanal como el deporte preferido de la sociedad de consumo, pero habrá otros que además de la rutina de siempre, cargarán la cada vez más pesada mochila de la frustración y el desencanto.

¿Dónde comienza a gestarse -y por ende, desde dónde puede enfrentarse- este fenómeno social de insospechadas magnitudes?, ¿en la casa?, ¿en el colegio?. La respuesta no es fácil, sobre todo si pensamos que los compulsivos compradores de Loto, Kino y tantos otros juegos de azar que hoy existen, son con toda seguridad, hijos de otros jugadores permanentes de sorteos como la Lotería y la Polla Gol que antaño ocupaban lugares de privilegio entre los apostadores.

A lo mejor este proceso comienza con esa institución nacional que son las rifas en el colegio para comprar cualquier cosa o hacer el viaje de estudios, o el bingo asociado a la gestión de cualquier organización social que va en ayuda de un socio.

Lo terrible de esta escena típica de cualquier informativo de fin de semana es, por lo menos para algunos de nosotros, el que la esperanza y los sueños, legítimos y justos de cualquier hijo de esta tierra hoy no están ligados a su capacidad de trabajo o al esfuerzo de ahorrar, sino a la posibilidad matemáticamente remota de ganar alguno de estos sorteos que, como dijo el ejecutivo de la Polla, le cambiarán la vida al hacerlos millonarios.

Ciertamente, en esta sociedad donde el Estado está condenado sólo a su rol subsidiario y por lo tanto su aporte a la vida concreta de las personas se reduce a apoyar las necesidades básicas de los más pobres vía programas sociales de cualquier tipo; donde el mercado, sustentado en la vieja fórmula de la oferta y la demanda, es la religión principal; y donde los empresarios sólo sueñan con desregular y flexibilizar todo aquello que huela a derecho o conquista laboral, el trabajo -contrariamente a lo que sostenía la encíclica Laborem Exercens- no dignifica al hombre.

Algunos podrán sostener que los juegos de azar existen, en distintas versiones y con todas las variantes del caso, en muchos países del mundo -que equivaldría a aquello de mal de muchos, consuelo de tontos- y por lo tanto no es un rasgo negativo de nuestra idiosincrasia, sino sólo un reflejo inevitable del tipo de sociedad y economía que se ha impuesto en gran parte del planeta.

Sin embargo -podríamos retrucar- la diferencia está en que en muchos de aquellos países que existen los juegos de azar, la gente vive de su trabajo y, gracias a una carga impositiva mayor a la nuestra, cuenta con los servicios sociales y las prestaciones de salud que además de necesarias, son dignas; puede pensar en adquirir una vivienda y puede tener la seguridad de que sus hijos sólo requieren la capacidad intelectual necesaria para acceder a formación técnica o profesional.

Como si todo esto no fuera poco hay otro elemento que en nuestro caso hace que este cuadro sea más terrible: previendo el desarrollo del consumismo que desarrollaría el libre mercado, la dictadura modificó la ley que rige a la Polla Chilena de Beneficencia, de tal manera que parte de sus utilidades vayan, además de a instituciones como Bomberos o la Cruz Roja, a otras entidades que viven con respirador artificial como Cema-Chile que, por cierto, todavía cuenta en su directorio con la presencia de Lucía Hiriart de Pinochet.

Lamentablemente, cuando los ejemplos donde hoy la sociedad se mira son fundamentalmente actores, futbolistas, ‘modelos’ y tenistas, los juegos de azar convertidos en esperanza de calidad de vida, aparecen a ojos de muchos como la única posibilidad de no quedarse fuera de la fiesta del consumo, del materialismo y, sobre todo, de la enajenación social que el sistema económico nos ofrece como oportunidad.

Más «libres», menos ricos

El instituto Fraser de Canadá dio a conocer a inicios de Septiembre su informe anual sobre libertad económica, cuya principal conclusión es que “la libertad económica es casi 50 veces más efectiva en la prevención de la paz que la democracia”. En él se destaca a Chile, ubicado en el lugar 20 del ranking compuesto por 127 naciones, como la economía más “libre” de América Latina, en tanto “apuesta fuerte para su desarrollo y estabilidad a una economía libre de trabas fiscales y burocráticas que limiten el nivel de inversiones extranjeras”

Menos “libres” en Sudamérica son, siguiendo la lógica de este informe, países como Argentina, que se ubica en el puesto 94, Brasil en el 88, Bolivia en el 59, Uruguay en el 44 y Perú en el 38. Incluso, y contrariamente a lo que podríamos entender desde el sentido común, Chile goza de mayor “libertad” que países como Suecia, Japón, España y Francia.

El “país más libre del mundo”, de acuerdo a Fraser, es Hong Kong. En una escala del 1 al 10, la ex colonia inglesa obtiene 8,7 puntos. Le siguen Singapur (8,5), Nueva Zelanda (8,2), Suiza (8,2), los Estados Unidos (8,2), el Reino Unido (8,1), Canadá (8,0), Irlanda (7,9) y Australia, Estonia y Luxemburgo (7,7). España ocupa la posición 30, con 7,2 puntos.

China, pese a las reformas de las dos últimas décadas, ocupa aún el puesto 86, mientras que India ocupa el puesto 66 en la lista de las economías más libres. Rusia sigue estando entre las economías «reprimidas», y con 5,1 puntos ocupa la posición 115, en tanto que Venezuela es el tercer país que sufre más “represión económica”.

Paralelamente a este informe, el Banco Mundial dio a conocer un estudio sobre la riqueza de los países, medida sobre la base del PIB, los recursos naturales y el capital intangible. En este nuevo ranking económico, ¡oh sorpresa!, Chile queda sólo en el cuarto lugar dentro de Sudamérica, con una riqueza estimada en casi 78 mil dólares por habitante. Esta vez, el jaguar chilensis es superado por países menos libres de la región, como Argentina que encabeza el ranking con casi 140 mil dólares por habitante, seguido de Uruguay, con 118 mil dólares, y Brasil, con casi 87 mil dólares.

Este estudio toma en cuenta una serie de factores, que van mucho más allá del Producto Interno Bruto (PIB) por habitante, y que incluye el capital natural de un país, su producción y lo que se denomina capital intangible, entendido como la suma del capital humano, la infraestructura institucional y el capital social, que es la confianza de los habitantes en su propio país y su capacidad para trabajar en pos de un objetivo común.

De acuerdo a este ranking elaborado por el BM, Suiza, con una riqueza por habitante de $648.241 dólares, es el país más rico del mundo, seguido de Dinamarca, con $575.138 dólares, mientras que Etiopía, con $1.965 dólares, es el más pobre.

Luego de revisados estos dos estudios, a quienes no somos especialistas en economía nos surge una duda razonable: ¿qué es mejor para Chile: ser más “libres” o ser más ricos?. A priori me parece que para avanzar de manera efectiva hacia un progreso colectivo, cuyos beneficios se distribuyan lo más democráticamente posible y rompamos así la brutal desigualdad del ingreso que hoy tenemos, sigue siendo una mejor opción jugársela por cuidar nuestra riqueza natural e incrementar el capital social, que no es otra cosa que la mejor inversión que un país puede hacer de cara al futuro.

Además, ya demasiados costos debió pagar nuestra sociedad, y especialmente quienes viven de su salario, cuando en aras de la libertad económica se sacrificó la libertad de las personas y, contrariamente a lo que dice el Instituto Fraser, no hubo mayor paz social ni mayor democracia.

Creo que en este caso, por primera vez, no quiero ser “libre”.

¿Hacia dónde camina la iglesia católica?

En medio del diálogo de sordos establecido entre alcaldes de derecha y el ministerio de Salud a propósito de la decisión de incorporar entre las posibilidades de las “Normas nacionales para la regulación de la fertilidad” la entrega de anticonceptivos y de la píldora del día después desde los 14 años, una declaración de la Conferencia Episcopal vino a enredar aún más el debate público, aportando a favor de los conservadores una declaración, indicando que esta política pública recuerda a las “fijadas en regímenes totalitarios que pretendían desde el Estado regular la vida íntima de las personas en función de criterios autoritarios, no consensuados, y reñidos con el respeto a la dignidad de la persona humana”.

A partir de esta declaración que seguramente pasará a la historia por su dureza surgen varias preguntas y varias lecturas posibles. ¿Por qué en el marco de esta seudo declaración pro vida, como se autodenomina, no se dice ni una sola palabra acerca de los 160 mil abortos que se realizan cada año en Chile?, ¿por qué nada se dice sobre los efectos expresados en abandono, violencia intrafamiliar en que muchos de los embarazos no deseados se convierten?, ¿por qué no se dice que si una niña de 15 años ha tenido uno, dos o hasta tres hijos como señala el documento de Salud, lo más seguro es que no termine de estudiar, que no trabaje y que nunca pueda salir del círculo más duro de la pobreza?.

La iglesia católica pontifica como si todos fuéramos católicos. Habría que avisarles que no es así, aunque seguramente el descenso de los matrimonios por la iglesia, los pocos bautizos y los cada vez más escasos jóvenes con vocación sacerdotal ya les debe haber advertido algo que se niegan a aceptar. En su actuar siguen evidenciando también una amnesia crónica sobre la separación de la iglesia del Estado consagrada en la Constitución de 1925. Tanto alboroto, tanta dureza y tanta exageración doctrinaria, sólo parece explicarse en el debilitamiento que esa iglesia vive y que, equivocadamente, cree poder revertir con este tipo de posturas.

Lamentablemente, y en una actitud ya reiterada en otras ocasiones por la elite de la iglesia católica, su innegable defensa de los derechos humanos durante la dictadura pareciera ser asumida como una suerte de salvoconducto para la impunidad, o como dijo un licenciado en teología en una entrevista radial “es el pago por los servicios prestados”. Es decir, muchos en esa iglesia creen que lo obrado durante el régimen militar obliga al Estado a someterse a sus designios, que es otra forma de leer la frase “criterios consensuados” de su declaración. Consensuar algo con la Iglesia Católica es hacer lo que ella quiere.

Se echa de menos una postura tan radical de parte del catolicismo institucional en otros temas. No se les ha escuchado pedir tajantemente cambiar el sistema binominal que excluye a una parte importante de chilenos, tampoco se les ha escuchado pedir por el término de los abusos laborales y a favor de un trabajo decente como propone la OIT. Tampoco se ha conocido ninguna declaración que rechace y condene el trabajo infantil que existe en nuestro país, la concentración económica o la utilización del cuerpo en los medios de comunicación. Pareciera ser que el único tema que preocupa a la jerarquía católica nacional, muy en onda con la línea trazada por Ratzinger, es el sexo, la sexualidad, los métodos anticonceptivos, los condones y la educación sexual, tema todos a los que, por supuesto, se han opuesto sistemáticamente para después criticar sus consecuencias.

La Iglesia Católica puede seguir errática todo el tiempo que quiera, en este u otros temas. Lo que no puede suceder es que la sociedad, creyente o no, siga mirando para arriba cuando la realidad más brutal se instala frente a sus ojos. La famosa igualdad de oportunidades no es sólo permitir que todos los niños puedan estudiar, sino también que puedan tener su plan de vida. En ese plan la sexualidad y la maternidad no pueden ser escollos, sino parte de un proceso normal. Para ello existen las políticas públicas en Salud, dirigidas especialmente hacia aquellos que no tienen dinero para ir a hacerse abortos al extranjero o comprar pastillas en las farmacias, no para darle el gusto a una iglesia que pareciera, no sabe a dónde va.

Hacerse los suecos

Cuando recién cumplía una semana ejerciendo el cargo de Ministra de Comercio del nuevo gobierno de centro-derecha sueco, María Borelius debió renunciar debido a informaciones sobre la contratación irregular, durante años, de personas que le cuidaran sus hijos, el no pago de sus cuotas de televisión, no informar al fisco en los plazos previstos la venta de algunas de sus acciones y haber realizado operaciones inmobiliarias fiscalmente dudosas.

No era aceptable para los suecos que una importante autoridad del nuevo gobierno, cuya campaña se había basado en la promoción del empleo y en la disminución de los impuestos, se viera enfrentada a este tipo de acusaciones, a las que posteriormente se sumó una denuncia por la existencia de una casa de veraneo que la ex ministra no había declarado como patrimonio personal si no que lo había hecho a través de una empresa domiciliada en un paraíso fiscal, es decir, que no pagaba impuestos.

Este caso contrasta con el de la ministra de Bienes Nacionales, Romy Schmidt, cuyo padre, Enrique Schmidt, fue condenado a una pena remitida de 61 días de presidio y a pagar una multa de 3 millones 220 mil pesos, por golpear y causar erosiones en un moai en la Isla de Pascua, acto realizado para tratar de explicarle a su nueva pareja como se habían construido estas monumentales estatuas que son patrimonio de la humanidad. Luego de recibir la sanción, el autor sólo dijo que ésta le parecía excesiva.

Si los moais estuvieran en Suecia, la “gracia” del padre le habría costado el cargo a la ministra, la que incluso, es probable, hubiera presentado su renuncia antes de que se la pidieran, especialmente porque el hecho denunciado y sancionado tiene directa relación con parte importante de su trabajo ministerial, que es cuidar, defender y preservar nuestro patrimonio materia e inmaterial. Pero como estamos en Chile, decir que se lamenta mucho y pagar a regañadientes la multa será suficiente. Este es un ejemplo de la diferencia sideral que existe entre países como Suecia y el nuestro. Ciertamente no basta con firmar muchos tratados de intercambio comercial y tratar de aumentar, al menos estadísticamente, el ingreso per cápita de los chilenos para entrar a la categoría de país desarrollado. El camino del cambio cultural es el más largo de todos y al parecer todavía no nos alejamos mucho del punto de partida.

En estos tiempos, donde la palabra corrupción, irregularidad, fiscalización y denuncia son las más repetidas en los medios de comunicación, queda claro que no basta con un par de conferencias de prensa, una comisión investigadora y algunas propuestas legislativas para enfrentar estos males de nuestra sociedad. El tema pasa por lo que no hacemos, esto es transparentar de verdad -y no sólo hacer como que transparentamos- las cosas que generan esta cierta cultura de relativismo ético y moral que se esconde, a todo nivel social, tras estos hechos.

Chile todavía no sabe -y no sabrá nunca- que pasó con los pinocheques y el millonario traspaso de recursos al primogénito del dictador. Tampoco quedará claro el mecanismo mediante el cual los “reconstructores” de nuestra economía, se llevaron varias unidades productivas para su casa, ni tampoco se sabrá exactamente qué negocio andaba haciendo Pinochet en Londres cuando fue detenido, ni el origen cada vez más oscuro de su fortuna mal habida. Menos posible aún saber si el éxito de algunos empresarios ha sido gracias al acceso y uso de información financiera privilegiada.

Debemos dejar atrás el discurso que alaba la “picardía chilena”, que no es otra cosa que la pillería para eludir lo que debe hacerse, especialmente si al hacerlo se obtiene un beneficio personal, porque de lo contrario, lo único que estamos haciendo es fomentar que los actos que decimos repudiar se repitan y multipliquen por cientos, desde el colegio hasta la vida laboral.

Por eso, aunque en la jerga folclórica urbana nacional “hacerse el sueco” es sinónimo de hacerse el desentendido, como si no se comprendiera lo que se quiere decir, la verdad es que, viendo el ejemplo de lo ocurrido en Suecia, hay momentos en que uno desearía que los chilenos se hicieran los suecos.

Demócratas…pero nunca tanto

Ciertamente como uno no es militante, ni adherente, ni simpatizante de la UDI, ni tampoco tiene familiar alguno en la tienda de Jaime Guzmán, puede tener una visión demasiado externa y, por lo mismo, muy crítica respecto del debate que han tenido, o más tuvieron, en ese partido durante los días recién pasados, en torno a la idea lanzada por el alcalde de Las Condes, Francisco de la Maza, de que para las elecciones internas cada militante debiera tener derecho a un voto.

Visto desde muy afuera pareciera que la propuesta del edil no es algo tan terrible, aunque seguramente debió haber cuidado más las formas y no debió decir que los candidatos y los directivos del partido eran elegidos entre cuatro paredes por unos cuantos amigos que conforman el núcleo central de poder partidario, y menos debió haber citado a Allende para manifestar su confianza en que “más temprano que tarde” se abrirían las grandes alamedas donde pasara el militante libre para ejercer su derecho a voto.

Siguiendo en la línea argumental de ver este tema desde afuera, para no pecar de intromisión en decisiones de organizaciones privadas donde uno no participa, quizás hubiera sido bueno que De la Maza, Zalaquett (antes que se arrepintiera) y los llamados alcaldes disidentes recordarán los llamados a viva voz que ellos mismos han hecho desde la época del plebiscito del 88 a los partidos de la izquierda para renegar de cualquier práctica antidemocrática y “renovarse”, como corresponde a partidos civilizados de nuevo cuño.

También podría haber sido una buena idea mostrar ejemplos y decir que los partidos de la Concertación realizan esta práctica desde hace harto rato, sin demasiado tenor a que bases sublevadas o mandatarios rebelados pongan en peligro la estabilidad ni la gobernabilidad partidaria, y que incluso han aprendido las prácticas democráticas modernas y han determinado porcentajes de participación electoral para mujeres y jóvenes, cuestión que ha permitido la aparición de figuras de recambio, que no necesariamente son parte de las sagradas familias que existen en todas partes.

La UDI, y en general la Alianza por Chile, hace mucha retórica respecto de su interés legítimo en llegar, algún día, a gobernar este país, pero no son capaces de ver que para la gente, los ciudadanos que concurren a las urnas para elegir su jefe de Estado, no sólo es importante una buena imagen, un buen discurso y muchos afiches, sino también la forma en que llegan a esas instancias. La realización de primarias al interior de la Concertación para definir las candidaturas de Frei, Lagos y Bachelet, pese a sus complejidades, ha sido una buena y exitosa forma de demostrar diversidad y competencia, valores inherentes a una sana competencia electoral.

Así uno podría, desde afuera por cierto, preguntarse: ¿cómo es que llegó a ser candidato Lavín?, ¿por acuerdo?, ¿por consenso?, ¿de quiénes?, ¿de cuántos?. ¿cómo se eligen los candidatos a alcaldes, concejales, diputados y senadores de la UDI?, ¿las directivas regionales se eligen o se designan?, ¿existen directivas de la UDI en todos los sectores donde hay militantes, incluidas las poblaciones?, ¿qué derechos tienen los militantes de la UDI?, ¿tienen derechos?.

A lo mejor Longueira no ha podido incluir en las conversaciones que sostiene con Guzmán desde el más allá preguntas como esta que algunos nos hacemos desde la distancia. Tal vez, el ideólogo y mentor espiritual de la UDI, padre de la antidemocrática Constitución del 80, consideraba que tal como era necesario para el país tener una democracia regulada donde no todos podían participar (ahí está el ex artículo 8° de la llamada carta magna), para el partido, su partido, tampoco lo era, y bastaba con un acerado grupo de profesionales que tuvieran y compartieran la visión, para dirigir sus destinos y sus adherentes.

Quizás porque a alguien se le ocurrió hablar de elecciones internas es que a Guzmán y sus delfines se retiraron de Renovación Nacional para fundar su Unión Demócrata Independiente que, seamos sinceros, y siempre esto visto desde la desinformada distancia, tiene mucho de unión (sobre todo entre quienes se rotan la presidencia y las vicepresidencias del partido), tiene también poco de independencia (allí está su ardorosa defensa de isapres, sanitarias y afps y toda empresa que abuse de los ciudadanos) y, sobre todo, tiene, como ha quedado claro en estos días de la junta nacional de la colectividad, muy poco de demócrata.

Voto republicano, voto obligatorio

«El peor analfabeto es el analfabeto político. No oye, no habla, no participa de los acontecimientos políticos. No sabe que el costo de la vida, el precio del poroto, del pan, de la harina, del vestido, del zapato y de los remedios, dependen de decisiones políticas. El analfabeto político es tan burro que se enorgullece y ensancha el pecho diciendo que odia la política. No sabe que de su ignorancia política nace la prostituta, el menor abandonado y el peor de todos los bandidos que es el político corrupto, mequetrefe y lacayo de las empresas nacionales y multinacionales».

Bertolt Brecht

Durante el gobierno de Lagos hubo un tibio intento por abrir el debate sobre la idea de establecer la inscripción automática en los registros electorales, quedando en una nebulosa si el voto sería obligatorio o voluntario. Curiosamente este último es un tema donde las dos opciones de voto han sido defendidas transversalmente desde el espectro político.

Quienes se inclinan por el voto voluntario, dicen que no se puede obligar a las personas a votar, que es una decisión personal, que es un derecho, o sea el ciudadano puede ejercerlo o no según le parezca. Agregan a eso que para muchas personas por un tema de distancias, enfermedades o edad les resulta muy complejo y dificultoso ir a votar y que si lo hacen es sólo por no verse expuestos a las multas.

Otros han sostenido que el voto voluntario significaría un desafío para el mundo político, pues los obligaría a llegar con su mensaje a tratar de seducir a todos los inscritos, sin saber si votarán o no, subentendiéndose que aquellos que obtengan un mayor respaldo en las urnas habrían alcanzado este objetivo, lo que la daría mayor legitimidad a su elección. Incluso ponen como ejemplo países como Suecia u Holanda donde el voto es voluntario y vota entre el 70 y el 80 por ciento de los electores.

Muchos de aquellos que proponen el voto voluntario, son aquellos que sin duda se verían beneficiados con menos electores. Este es un tema donde no existe consenso al interior de la Concertación, porque así como en la DC existe una mayoría que se inclina por el voto obligatorio, en el mundo PS-PPD-PRSD las opiniones están divididas internamente. En la derecha el tema tampoco es fácil. Mayoritariamente dicen estar por el voto voluntario, pero le pesa su propia historia.

La Constitución del 80 que la derecha tanto ha defendido estableció en su artículo 15 que el sufragio “es personal, igualitario, secreto y obligatorio”. Sin embargo, la ley orgánica sobre inscripción electoral de 1986, no lo dejó claro. Al interior de la Comisión Constituyente de la dictadura hubo variados argumentos para insistir en el voto obligatorio. Alejandro Silva Bascuñán dijo en 1974 que “sería la contradicción más absoluta que allí donde están en juego los valores más sustanciales para el desarrollo de la persona, no se la obligue a determinar el curso que llevará dicha sociedad”.

Jorge Ovalle, Enrique Ortúzar y el propio Jaime Guzmán secundaron esta posición, puesto que entregar el sufragio a la libre voluntad ciudadana significaría volver a convertirse en una sociedad aristocrática o de “elite”, lo que podía llevar a polarizar la vida política del país. Más drástico aún, Ortúzar sostuvo que el desinterés ciudadano muchas veces era sólo por comodidad o por la aplicación de la ley del menor esfuerzo, por lo que debía sancionarse a quienes no ejercieran su derecho a voto.

En la otra vereda, el DC Carlos Hunneus ha sostenido que en un país donde los propios políticos hacen campaña diciendo que no son políticos, y que aún sufre los efectos de la destrucción de redes de pertenencia y de organización social operada por la dictadura, que ha devenido en un individualismo que aleja a muchas personas del interés por el otro y por el país, siempre y cuando no haya algún “incentivo”, no es posible implementar una política que explicita derechos y esquiva las obligaciones.

Hunneus sostiene que los argumentos a favor del voto voluntario podrían usarse en otras materias e instituciones como la educación, pues aunque una reforma constitucional la ha convertido en un derecho podrían renunciar a ella padres o estudiantes. Pone como ejemplo a Brasil, donde quienes postulan a la administración pública deben certificar haber votado, para no mostrar debilidad en señalar esta obligación, porque de lo contrario no se podría pedir la participación activa de los individuos en otras, como las medidas contra la contaminación.

Por su parte el socialista Manuel Antonio Garretón argumenta que el voto voluntario es contrario a la tradición republicana chilena, pues el voto es un derecho individual y un deber social irrenunciable. Al igual que con los impuestos -sostiene- se trata de contribuir económicamente a la subsistencia de la sociedad sin considerar los intereses individuales y donde a nadie se le pregunta si quiere o no pagar o cuánto quiere pagar, participar en los destinos de la sociedad de la que se forma parte, tiene en el voto el mínimo de involucramiento ciudadano deseable.

La profundización de la participación ciudadana en asuntos locales y temas nacionales supone el voto y participación obligatoria para evitar que los resuelvan minorías activas o poderes fácticos, lo que ocurre cuando la no inscripción o la abstención son altas, dice Garretón. Y va más lejos: “si lo que se quiere es obtener la expresión activa de rechazo a las opciones en juego o incluso a la política misma, el voto en blanco podría contabilizarse como válidamente emitido, a manera de objeción de conciencia. Con ello se salva la libertad individual de no elegir, pero se exige que se haga de ello un acto explícito de expresión ciudadana.

Hacer del voto algo voluntario es despreciar el carácter indispensable de la política en la vida de un país y es otro paso más en su desvalorarización y desprestigio. Por eso es necesario debatir a fondo sobre este tema antes que se adopten soluciones “populares” y “facilistas”.

Yo, estoy con el voto republicano, obligatorio.

Pluralismo diet

Desde hace tiempo, pero especialmente cuando debimos contemplar la desaparición de otro medio de comunicación, esta vez el Portal del Pluralismo, hemos recordado las veces que hemos debido asistir a estas muertes anunciadas desde el inicio de la interminable transición a la plena democracia (¿así se decía, verdad?) y ha reabierto el debate de fondo sobre la importancia vital de un pluralismo verdadero para el ejercicio de la ciudadanía y la construcción de una sociedad verdaderamente diversa.

A propósito de este tema resulta apropiado citar y comentar el recientemente publicado estudio “Concentración del mercado de los medios, pluralismo y libertad de expresión”, de Osvaldo Corrales y Juan Sandoval, ambos académicos de la Universidad de Valparaíso, quienes relevaron el paradojal hecho que haya sido el retorno a la democracia la que supuso el fin de la prensa que se enfrentó a la dictadura, cuyos principales exponentes fueron los diarios Fortín Mapocho y La Época, primero, y Apsi, Análisis, Cauce y Hoy, después.

La explicación (pero no justificación) de este cuadro de regresión del pluralismo, según los investigadores se debe ”en parte a la falta de políticas y estrategias empresariales adecuadas que aseguraran la sustentabilidad de esos medios una vez acabadas las ayudas externas, pero en parte también a la decidida política de no intervensionismo desarrollada sistemáticamente por los gobiernos de la Concertación desde su llegada al poder en 1990, bajo el precepto de que sería el propio mercado el que regularía el sector haciéndolo competitivo y plural”.

Este mismo estudio señala, respecto de la participación de los medios en el mercado publicitario que ha sido la televisión quien concentrado, el 2003, el 57% de la inversión publicitaria frente a un 29% de la prensa escrita, acumulando entre ambos medios el 86% de la inversión total realizada en publicidad durante ese año. A una distancia significativa se encuentra la inversión publicitaria realizada en otros medios como la televisión por cable con un 7% del gasto en publicidad, seguido por las revistas con un 3%, la vía pública con un 2% y el Metro con un 1% de la inversión total.

Estos mismos datos presentados en función de los grupos empresariales, muestran que el año 2003 el grupo de empresas El Mercurio concentraban el 60% del total de la inversión mientras que COPESA recibía “sólo” el 19%, en tanto que los llamados diarios financieros acumularon el 12% del total de la inversión, experimentando un crecimiento sostenido en los últimos años, mientras que el gratuito Publimetro concentró un 6,5%.

Un cuadro explicativo del tema de la repartición de la “torta publicitaria”, muestra cifras brutalmente claras: entre enero y noviembre del 2002, la cadena El Mercurio recibió 7.708.728 UF, en tanto que para el mismo período del año 2003 acumuló 8.142.455 UF, aumentando del 51,4 al 51,5% del total de la inversión. COPESA por su parte concentró en el 2002, 2.209.123 UF y 2.400.125 UF el 2003, equivalentes a un 14,7% y un 15,2% respectivamente. Es decir, sólo entre ambos conglomerados acaparan más del 65% de la publicidad.

El estudio de los profesores Corrales y Sandoval, profundiza lo que ellas califican como el sistema duopólico que existe en los medios de comunicación nacional, no sólo a partir de su acceso privilegiado a los recursos públicos y privados que giran en torno al avisaje (que es lo que permite la vida de los medios y no la venta como sabemos), sino a partir de la propiedad de éstos.

Es así como nos refrescan la memoria, por ejemplo en torno a El Mercurio, explicitando el hecho de que este grupo opera a través de cuatro empresas diferentes todas pertenecientes a la familia Edwards: El Mercurio, dueño de 3 diarios; la Sociedad Periodística El Norte, dueña de 8 diarios; El Mercurio de Valparaíso, dueño de 3 diarios; y la Sociedad Periodística Araucaria, dueña de 7 diarios.

A través de esta imbricada red comercial, nos recuerdan los autores, “el grupo en su conjunto controla 2 de los 8 diarios de circulación nacional, 1 de los cuatro diarios zonales y 18 de los 45 diarios regionales, lo que le permite tener presencia en 14 grandes ciudades y/o provincias de Chile (Arica, Iquique, Tocopilla, Calama, Antofagasta, Copiapó, Valparaíso, San Antonio, Temuco, Angol, Valdivia, Osorno, Chiloé y Puerto Montt), siendo la única empresa de la prensa escrita chilena que compite con productos tanto a nivel nacional como regional”.

Esta situación de concentración de la propiedad y de la publicidad, contrariamente a lo que se nos quiere hacer creer, no es resultado de la “mano invisible” del mercado, sino por el contrario de la muy visible mano de la dictadura (y sus amigos civiles), que a partir del golpe de estado de 1973, con la supresión de la “prensa política” y la sujeción de todo el sistema a un lógica de control político-ideológico, permitió “que los medios pertenecientes a las dos grandes empresas periodísticas existentes a esa fecha en el país se encontraron de un momento a otro sin competidores y con el mercado completamente despejado para iniciar su dominio, configurándose desde esta fecha una estructura oligopólica (o más precisamente duopólica) que se mantiene hasta nuestros días”.

Al finalizar el estudio, los investigadores señalan que para dimensionar los efectos de la excesiva concentración del mercado de los medios sobre el pluralismo, “que se pone en peligro la libertad de expresión cuando una empresa concentra un 20% o más de la circulación o audiencia de un medio y que ésta se verá perjudicada severamente si esas cifras se elevan por sobre el 40%. Si consideramos estos indicadores podemos afirmar que en Chile se observa una situación que sería perjudicial para la libertad de expresión en el caso de la prensa escrita, donde el grupo El Mercurio controla el 53% de la circulación neta y COPESA el 46%, y peligrosa en el caso de la televisión donde TVN concentra el 31% de la audiencia on line y UCTV el 29,8%”.

Finalmente, esta investigación da cuenta de soluciones ensayadas en países como Francia y Alemania, donde se han establecido estrictas leyes que prohíben las transacciones comerciales que conduzcan a mayores niveles de concentración de la propiedad de los medios de comunicación, o como en el caso del Reino Unido, donde si bien no existen leyes específicas en esta materia toda transacción en el sector está sometida a las leyes generales antimonopolio.

Ciertamente, este tema, al igual que el de la injusta y desigual distribución del ingreso y otros, apunta al corazón de aquellos nudos gordianos que nuestra interminable transición democrática no ha sido capaz de resolver, y tiene que ver, como en muchas otras materias que coartan la libertad y la democracia verdadera, como ocurre con todas las herencias dictatoriales, buscan limitar los derechos de las personas y de la sociedad en su conjunto. Todavía faltan muchas leyes y mucha voluntad política, especialmente del Estado, para que el respeto a la diversidad, sin condiciones, de verdad sea una de las virtudes de este país que, por ahora, debe conformarse con un pluralismo diet.

Iglesia Católica, ideología y educación

Cuando habíamos descansado un tiempo de las declaraciones de la Conferencia Episcopal y del Cardenal Errázuriz oponiéndose a cualquier iniciativa del gobierno, el proyecto de ley que propone derogar la todavía vigente Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE), promulgada el último día de la dictadura, y reemplazarla por una nueva Ley General de Educación, hizo reaparecer la voz de la Iglesia Católica, esta vez, para hacer presente sus “reflexiones” sobre educación.

La declaración de Punta de Tralca, subtitulada “La Educación: tarea de todos” parte constatando “la necesidad de avances urgentes y significativos en esta materia”, valorando “todo cuanto ayude a mejorar la calidad de la enseñanza, y a hacer posible el acceso de todos a una educación digna”, sugiriendo que “en todo este proceso se excluyan las visiones ideologizadas y se escuchen a todos los sectores involucrados”.

Más adelante, el texto invita a una reflexión colectiva, especialmente, de “quienes tienen la grave responsabilidad de legislar en esta materia”. Luego, lamenta “la poca atención prestada a nuestra contribución, ofrecida a partir de una vasta experiencia y con la única intención de servir al país”, y destaca, entre sus puntos “irrenunciables”, su opción por una educación centrada en la persona, incluida su dimensión religiosa; que refuerce el derecho “prioritario” de los padres a elegir la educación de sus hijos; y que favorezca la libertad de acceso y de oferta del “servicio educativo”.

A lo menos uno debiera rescatar que el lenguaje utilizado esta vez es bastante menos descalificador, agresivo e ideologizado que el utilizado por el Cardenal Errázuriz y el obispo Ricardo Ezzati, que recibió la nacionalidad por gracia mediante la ley 20.100 el 24 de abril del año pasado, al entregarse el informe final del Consejo Asesor Presidencial, cuando se calificó el trabajo de esa instancia como “pobre” y “primitiva”, y se dijo que el informe tenía un lenguaje “que se asemeja mucho a la filosofía gramsciana” y evidenciaba una “tendencia estatista”.

Incluso Ezzati, que integró el Consejo Asesor, fue más allá señalando que por el uso de una “metodología poco profesional” el documento manifiesta “sólo parcialmente la riqueza de las visiones y aportes ofrecidos”. Para agregar que existía una “notable asimetría y falta de equilibrio conceptual” en la composición del Consejo; que “había una mayoría y una minoría preestablecida” y que habría sido ingenuo no pensar que “las conclusiones reflejarían la composición numérica e ideológica” del Consejo. O como dijo el propio Errázuriz: “Es el documento de unas pocas personas que escucharon a 81”.

Con una locuacidad ilimitada Ezzati insistió en las páginas mercuriales en que “el informe manifiesta la tendencia a privilegiar la educación impartida por el Estado. En este sentido, me parece anacrónico, falto de respeto al pluralismo y discriminatorio. Es de esperar que las autoridades educacionales no caigan en la tentación de uniformarlo todo, teniendo como modelo de educación proyectos estatistas caducos”.

Estas declaraciones omiten varios aspectos. Primero, elude reconocer que para la Iglesia Católica este no es un tema neutral, sino de gran interés, debido a que esta confesión es sostenedora de 665 colegios en todo el país, con más de 264 mil alumnos en educación básica y casi 130 mil en educación media, lo que representa un no despreciable 12% de la matrícula total del país. Tampoco nada se dice respecto a que un 7% de todos los colegios creados después de 1991 son también católicos.

La Conferencia Episcopal calla también sobre los ingresos vía subvenciones y financiamiento compartido que reciben los colegios con sostenedores católicos, donde sólo un 34% de su matrícula es gratuita, otro 22% paga hasta 6 mil pesos por la vía de financiamiento compartido -es decir pagan los padres- al igual que otro 19% que paga hasta 12 mil pesos mensuales por esa vía, el 17% que paga hasta 24 mil pesos y el 8% que cancela entre 24 mil y 48 mil pesos mensuales. De hecho, un 25% de los alumnos de sostenedores católicos paga más de $12.000, la proporción más alta entre los diversos tipos de sostenedores particulares subvencionados.

Un dato decidor del compromiso y preocupación social de estos sostenedores católicos es que sólo un 6% de los estudiantes considerados como vulnerables o en riesgo social está en estos establecimientos, lo que no habla muy bien de la preocupación especial por los más pobres que manifiesta la Conferencia Episcopal.

Por otra parte, ante la reiterada preocupación manifestada sobre la eventual ideologización del debate sobre educación, habría que hacer propias las preguntas que hacía Antonio Cortés Terzi poco tiempo atrás: ¿se podría decir que en los colegios católicos hay plena libertad de enseñanza? ¿Qué no hay ninguna “filosofía” que orienta y ordena matrices educativas? Y que si la Iglesia reconoce para sí el derecho de establecer una “filosofía” educativa, ¿por qué se lo niega al Estado?

El principal error que ha cometido la iglesia y especialmente Ezzati en esta línea ha sido pretender que todas las familias, los alumnos y los colegios son iguales y tienen las mismas posibilidades y capacidades. Eso no es cierto. Por ello es el Estado el que debe intervenir, compensando, igualando equitativamente y dando garantías a los que tienen menos oportunidades y recursos, y no sólo aplicando la ya tradicional fórmula neoliberal del subsidio a la demanda. El principio de subsidiariedad del Estado no debe ser idealizado y elevado al rango de divino.

El Estado no puede renunciar, pese a las arcadas ideológicas de la derecha y de la Iglesia Católica, a aquellas funciones, atribuciones y misiones que le son intrínsecas y esenciales como ente político-histórico dirigente de la sociedad. Y claramente la educación es el tema de fondo, el marco en que se desarrollará la construcción del tipo de sociedad y de ciudadano que tendremos mañana.

Se entiende que la Iglesia Católica, sometida a un fuerte proceso de tensión cultural y valórico debido al carácter cada vez más laico de la sociedad moderna, haga un esfuerzo por conservar su espacio de intervención en la educación, pues es sin duda una de las más poderosas herramientas que tiene a mano para seguir reproduciendo su influencia ideológica en la sociedad. Pero aunque asumir una postura en este debate puede ser legítimo, no lo es el tratar de imponer su visión al resto de la sociedad como la curia católica chilena siempre trata de hacer.

Por eso, y aunque parezca paradojal, las razones para estar completamente de acuerdo en la necesidad de derogar la LOCE y tener un nuevo marco que de verdad asegure el término de la segregación clasista y el afán de lucro de la educación, están en la propia declaración de la Conferencia Episcopal cuando dice: “A pesar de esfuerzos y logros en materia de justicia social, la espera de muchos pobres continúa. Esperan ser escuchados, atendidos en el anhelo de ser protagonistas de su propia historia, incluidos en este mundo global y tecnificado que les margina. De un modo particular, el mundo rural y sectores urbanos empobrecidos, claman desde su postergación. Superar la pobreza y las grandes desigualdades, constituyen desafíos sociales que no pueden dejar de interpelarnos, también a nuestra sociedad y a sus líderes”.

Aportes y derroches

Las últimas semanas parece haberse hecho efectivo aquella afirmación de que la derecha chilena ha decidido adoptar, como única vía posible para llegar a La Moneda, tras desechar su política de acuerdos y la oposición constructiva, la estrategia de oposición permanente y sistemática a todo. Quizás asustados por la mayoría que hoy por primera vez tiene la Concertación en las dos cámaras, y sobre todo porque las bancadas gobiernistas parecen no querer usarla, sus votos son en general en contra o abstenciones, para marcar una diferencia que, esperan, les sirva para las elecciones del 2009.

Sin embargo, esta estrategia derechista adolece de un grave error: cada vez más deja en evidencia su doble estándar en casi todas las materias. Así, por ejemplo, los hemos rasgar vestiduras por la eventual entrega de anticonceptivos y píldora del día después en los consultorios de las poblaciones, mientras en los sectores pudientes de todas las comunas, las jovencitas que requieren acceder a uno u otro método, van a las consultas particulares de los ginecólogos, compran la temida Postinor 2, y pagan millones para hacerse abortos en Chile y el extranjero.

Sin embargo, su cuestionamiento a la propuesta del gobierno de comprometerse a aportar anualmente con cinco millones de dólares para el Fondo de la ONU contra el Hambre, el Sida y otras pandemias en Africa, ha sobrepasado la capacidad de asombro del más templado. Primero, porque dicho aporte no sale de las arcas fiscales, sino de los bolsillos de aquellos pasajeros que utilizan el aeropuerto internacional, a los cuales se les agregarían dos dólares (poco más de mil pesos) al monto de la tasa de embarque. La lógica dice que si alguien tiene para pagar un pasaje a Europa puede aportar con ‘una luquita’ adicional, que ni se nota. Algo así como donar parte del vuelto del supermercado.

Los argumentos para justificar esta posición egoísta y que sólo se mira el ombligo, se han expuesto con los ojos brillosos de humedad recordándonos “que la caridad empieza por casa”, “que hay tanta gente pobre que necesita en el país”, y otras frases de esa naturaleza, que por cierto olvidan cuando se trata de regular a empresas sanitarias y eléctricas, las isapres y las AFP. Son estos momentos de preocupación social tan radical cuando uno cree que va a surgir como contrapropuesta opositora una moción, en voz de Longueira o de Dittborn, para pedirle al Estado que la educación sea gratis, a lo menos.

Parece que los largos años de dictadura, que tendieron a mantener enclaustrados en el país a los actuales próceres de la UDI y RN, debido a la carencia de relaciones internacionales (excepto Franco, Banzer y Marcos), o ese temor pseudo nacionalista que al parecer les genera la cordillera y el desierto, a contaminarse con los otros que están allá afuera, especialmente si esos otros son negros o indígenas, y para más remate pobres, hambrientos y enfermizos, les privó, definitivamente, de la capacidad de mirar más allá, de asumir que no somos solos, que hay una humanidad de la que formamos parte, con la que podemos hacer negocios en algunos casos, pero que también tiene entre sus componentes otra parte que necesita apoyo, ayuda y solidaridad.

Por cierto, nada dice ninguno de esos “voceros de los pobres” chilenos cuando se trata, por ejemplo, de discutir el alto gasto militar que nuestro país sostiene desde tiempos de la dictadura, de su ahora olvidado líder. Sólo para hacer un poco de memoria, habría que recordarr que según el SIPRI (Stockholm International Peace Research Institute), las cifras permiten apreciar con claridad el crecimiento constante del gasto militar chileno entre 1970 y 1989. En dólares de 1990, Chile pasa de 210 millones de dólares en 1970, a 1.847 millones de dólares en 1989. El gasto de 1970 correspondía al 2,5% del PIB, cifra que llega al 9.6% en 1984 y alcanza a un 7.8% en 1988.

Si se suma el gasto militar que ha efectuado Chile entre 1970 y 1989, se obtiene una cifra de 24.677 millones de dólares. Eso significa que el porcentaje del PIB en Defensa dedicado por nuestro país nunca baja del 3,5%. Eso sin considerar los “aportes” de la llamada Ley Reservada del Cobre, que otorga el 10% de los beneficios por la venta de dicho metal al presupuesto de las Fuerzas Armadas, lo que en estos tiempos, con el cobre superando todas las expectativas, no es poco.

Según la Red de Seguridad y Defensa de América Latina, Chile es el país que más recursos destina a la compra de armamentos en el continente. La grotesca cifra de 2.785 millones de dólares se ha utilizado para comprar aviones de guerra, tanques y submarinos. Con esto, Chile supera a Venezuela y a Brasil que han gastado 2.200 y 1.342 millones de dólares, respectivamente, lo que de paso echa por tierra ese campaña alarmista que agita el fantasma del armamentismo de los otros países.

Para la derecha chilena, está claro, es más obsceno donar recursos a los más pobres entre los pobres, que gastar miles de millones de dólares en una “Defensa” que más parece “Ataque”. Aunque ciertamente desde 1990 en adelante la decisión no es de ellos, no he escuchado a ninguno de sus próceres pedirle al gobierno que derogue la Ley Reservada del Cobre, o disminuir el gasto, para ir en ayuda de los más necesitados.

Sin embargo, para ser justos, más allá de la cara de palo de la derecha para negarse a la solidaridad, la sociedad chilena tampoco ha tenido una reacción ante esta vergonzosa situación, lo que habla a las claras de los alcances distorsionadores de una sociedad como que vivimos, que por un lado apela a la espiritualidad religiosa, pero por otro le prende velas al dios consumo en unos templos llamados malls. Sin duda, a lo menos en Chile, estos nos son tiempos para la generosidad.